Iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento Forzado en México y la situación de indígenas triquis de Copala

El 8 de octubre de 2025, la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Cámara de Diputados, tomó la palabra en la tribuna del Congreso de la Unión, en nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos. Presentó ante el pleno la iniciativa para expedir la "Ley General para la Prevención, Atención y Reparación Integral de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno en México".

Habló del dolor, del despojo, del rompimiento de las comunidades. Sus palabras, por momentos, parecían salir de nuestra propia memoria: nuestras comunidades tomadas, ocupadas y controladas por el grupo paramilitar; nuestras casas saqueadas, vacías, quemadas, destruidas, robadas y ocupadas; nuestros compañeros y compañeras asesinados y heridos con armas de uso exclusivo del ejército; nuestras compañeras violadas, humilladas y vejadas; nuestros niños, niñas y jóvenes arrancados de su infancia y alegría; nuestras ancianas y ancianos con tristezas y lágrimas en los ojos; nuestras pertenencias, animales y tierras abandonadas a la fuerza; y nuestro territorio ocupado. 

Todo eso lo hemos vivido nosotras y nosotros, los desplazados triquis.

De noviembre de 2009 a septiembre de 2010 comenzó el desplazamiento en San Juan Copala. En febrero de 2010 fue el turno de San Miguel Copala. Y en diciembre de 2020 ocurrió en Tierra Blanca Copala. El mismo grupo paramilitar indígena triqui estuvo detrás de todos los casos.

Fuimos expulsados de nuestras comunidades por la violencia, los conflictos armados y la ambición política, económica y territorial de un grupo paramilitar que busca ocupar, controlar e incorporar forzosamente a su organización a todas las comunidades triquis de la zona de Copala. Sin embargo, nuestro desplazamiento también fue resultado del abandono institucional y de un Estado que, históricamente, nos ha negado y excluido.

Desde entonces, vivimos sin vivienda, tierra, comunidad, trabajo ni ingresos. Lejos de nuestro lugar de origen. Sin reparación del daño y sin atención del gobierno estatal ni federal. Sin garantías de una reubicación digna ni de retorno seguro.

Resistimos desde refugios, campamentos improvisados, plantones y en las calles, olvidados y abandonados a nuestra suerte. Sin voluntad política que nos devuelva lo que nos arrebataron, que es el derecho a vivir en paz en nuestra tierra. Y sobre todo, el derecho de nuestros hijos e hijas a crecer sin violencia, con dignidad, en su cultura y en su pueblo.

Habló de justicia, de dignidad, de memoria. Habló del desplazamiento forzado como una herida profunda. Y aunque celebramos que esa herida se nombre desde una tribuna nacional, también sentimos la necesidad de decir lo que no se dijo.

En Oaxaca, donde se presume haber avanzado con la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno —la primera en tipificar el desplazamiento como delito, aprobada el 4 de septiembre de 2025—, el pueblo desplazado triqui sigue esperando justicia, atención integral, reubicación y retorno.

Nos dolió escuchar el elogio al gobernador Salomón Jara Cruz, como si la existencia de una ley bastara para borrar años de abandono, desatención gubernamental, violencia, represión y despojo.

La diputada dijo: "¡No más despojos!". Pero el gobierno estatal nos mantiene despojados. Nos ha reprimido, desalojado, difamado, criminalizado, amenazado, intimidado, detenido y encarcelado injustamente. Nos ha decomisado, robado y destruido nuestras artesanías y pertenencias, nuestra única fuente de ingreso.

También habló de consulta y participación. Pero nadie nos ha preguntado cómo queremos volver a nuestras comunidades de origen. ¡Ni cuándo, ni bajo qué condiciones!.

Al contrario, el gobierno estatal nos ha dicho que podremos regresar solo si llegamos a un acuerdo con el grupo paramilitar que nos desplazó. ¿Acaso se le exige eso a las víctimas en otros crímenes?.

Nosotros, los desplazados triquis, tenemos nombre, historia, territorio, lengua, cultura y usos y costumbres. No somos cifras. No somos expedientes ni casos cerrados. Somos sobrevivientes de un crimen de lesa humanidad que sigue ocurriendo porque el Estado Mexicano no lo ha detenido.

La violencia en la zona triqui de Copala no solo continúa, se ha intensificado. Más comunidades indígenas triquis están en riesgo de ser desplazadas por el mismo grupo paramilitar que nos expulsó de nuestros lugares de origen. Y mientras las autoridades se felicitan por leyes en papel, nosotros seguimos en el exilio sin casa, tierra, territorio, ingresos ni esperanzas. Solos y abandonados.

Nosotros sí sabemos lo que significa romper el tejido de una comunidad. Sabemos lo que es enterrar a nuestros muertos lejos de nuestra tierra. Sabemos lo que es ver morir a nuestros abuelos sin poder regresar.

Sabemos lo que es ver a nuestros hijos nacer y crecer lejos de su pueblo, idioma, comida y cultura. Sabemos lo que es comer lo que no conocemos, lo que no sentimos nuestro. Sabemos lo que es vivir con miedo, tristeza, rabia y discriminación. Sabemos lo que es ser reprimido, desalojado, difamado, despojado, detenido y encarcelado por denunciar la injusticia y exigir nuestros derechos. Sabemos lo que es vivir en condiciones indignas, sin dinero ni alimentos, en un lugar ajeno, incierto y sin futuro. Eso también es violencia.

Desde la resistencia y la memoria, decimos con claridad al gobierno estatal y federal, a la Cámara de Diputados y Senadores, y a todos los que presumen trabajar por los pueblos indígenas: ¡No basta con discursos!, ¡Queremos hechos!.

Exigimos al gobierno estatal y federal: retorno voluntario y seguro a nuestras comunidades de origen; reubicación digna para quienes así lo decidan; restitución de nuestros derechos colectivos e individuales; reparación integral del daño causado por el grupo paramilitar y por los años de abandono institucional; y que nunca más se tomen decisiones sobre nuestras tierras, territorios y derechos sin nuestra participación.