Venfanza política de Morena contra David García Martínez, ganador de Huautla por PRD-PRI

En Huautla de Jiménez, Oaxaca, se juega algo más que un conflicto judicial: se refleja la tensión entre el poder local arraigado y la capacidad de un partido dominante para moldear la narrativa política y el curso de la justicia.

David García Martínez, presidente municipal tres veces electo, no es un improvisado; es un actor con trayectoria que volvió a ganar la alcaldía en 2024 por la coalición PRD-PRI, lo que evidencia respaldo social y una gestión que no puede descartarse a la ligera.

El 25 de mayo de 2024, durante la madrugada, Bernardino Martínez García, candidato de Morena a la presidencia municipal, denunció haber sido presuntamente agredido junto con su equipo mientras circulaban por calles del municipio.

Según los reportes, el hecho habría incluido supuestas agresiones y un presunto intento de privación ilegal de la libertad, lo que dio origen a la denuncia penal que hoy se ventila en tribunales.

Pero el contexto importa. La apertura de un proceso penal contra un edil que compitió contra un candidato del oficialismo encaja en un patrón visto en otras entidades: cuando un partido busca expandir su dominio, recurre a instrumentos legales, mediáticos e institucionales para debilitar a sus adversarios.

La política deja de ser competencia de ideas para convertirse en terreno de presiones, señalamientos y posibles vulneraciones al debido proceso.

Que un tribunal federal haya concedido un amparo que dejó sin efectos la vinculación a proceso original no es un detalle menor: revela irregularidades y lanza una advertencia clara de que la justicia no puede convertirse en herramienta de presión política.

La defensa de García Martínez no se reduce a evitar una condena; es también una denuncia del uso selectivo de la ley para desgastar a un rival.

Defenderlo no es ceguera partidista, sino exigir respeto a principios básicos como la presunción de inocencia, la imparcialidad judicial y la equidad electoral.

Huautla no puede ser campo de pruebas de estrategias que priorizan eliminar adversarios antes que gobernar.

Aquí no solo está en juego un alcalde, sino el tipo de política que queremos para México: competencia leal o persecución disfrazada de justicia.