Del derecho social al ahorro individual: la gran regresión del ISSSTE

La Ley del ISSSTE de 2007 no fue una simple “modernización” del sistema de pensiones. 

Fue, en los hechos, una reconfiguración profunda del derecho a la seguridad social que trasladó el riesgo del Estado al trabajador y convirtió la jubilación en una apuesta individual sujeta al mercado financiero.

Bajo el discurso de la “sostenibilidad fiscal”, el viejo sistema solidario —donde las pensiones se calculaban con base en el salario y los años de servicio— fue sustituido por cuentas individuales administradas por Afores. 

El cambio no es técnico: es político. 

Implica que el Estado deja de garantizar una pensión digna y se limita a administrar reglas de ahorro, mientras la vejez del trabajador queda expuesta a la volatilidad financiera, comisiones bancarias y salarios históricamente bajos.

En el caso del magisterio, el impacto es aún más profundo. 

Los docentes no solo enfrentan sueldos que no siempre reflejan la carga social de su trabajo, sino también trayectorias laborales marcadas por interrupciones, cambios de plaza y condiciones desiguales entre estados. 

En este contexto, el modelo de cuentas individuales no es neutral: reproduce desigualdad al final de la vida laboral.

Uno de los puntos más cuestionados es el uso de la UMA en el cálculo de pensiones, lo que reduce el valor real de los montos jubilatorios. 

A esto se suma el aumento progresivo de la edad de retiro y los requisitos más estrictos para acceder a una pensión completa. 

El resultado es un sistema que promete ahorro, pero entrega incertidumbre.

El problema de fondo no es solo financiero, sino jurídico y político. 

Para amplios sectores del magisterio, la reforma rompe el principio de progresividad de los derechos laborales: en lugar de avanzar hacia una mayor protección social, se retrocede hacia un esquema donde el derecho se condiciona a la capacidad individual de ahorro.

Es decir, la seguridad social deja de ser un derecho colectivo y se convierte en un producto.

El Estado argumenta que el sistema anterior era insostenible. 

Sin embargo, la pregunta que permanece abierta es otra: ¿insostenible para quién?

Porque lo que se observa no es la desaparición del costo, sino su traslado. 

Lo que antes era responsabilidad pública ahora recae en el trabajador, mientras el sistema financiero administra y capitaliza esos recursos.

La Ley del ISSSTE de 2007 no solo reformó un régimen de pensiones; redefinió la relación entre Estado y trabajador. 

Para el magisterio, representa un punto de ruptura: la transformación de la jubilación de derecho social a mercancía financiera. 

Y en ese tránsito, lo que se erosiona no es solo un modelo administrativo, sino la promesa básica de seguridad en la vejez.