Estado Mexicano no ayuda por igual a indígenas desplazados triquis de Copala
Siendo
beneficiarios unos cuantos indígenas desplazados de San Juan Copala, quedando
la mayoría de ellos fuera del amparo y protección de la misma en total estado
de indefensión y desprotección. Conllevando con ello, la desatención,
discriminación, exclusión, marginación y desconocimiento del gobierno a
desplazados sin medidas cautelares.
Sólo algunos
integrantes de algunas familias han sido cautelados, otros no han sido
considerados a pesar de ser miembro del mismo núcleo familiar. Hay familias
enteras que no hay sido beneficiarias. Sólo dos familias han sido cauteladas
casi en su totalidad.
La no
consideración de la mayoría de los desplazados en la lista de solicitantes y
beneficiarios de la multicitada medida cautelar se debió a varios factores, ya
que después de ser desalojados, expulsados y desplazados de su lugar de origen
por grupos armados de forma violenta, hubo desbandada donde la mayoría de ellos
fueron a vivir a otras partes del país para salvaguardar sus vidas,
integridades físicas y las de su familia. Otros porque simplemente los que se
autonombraron representantes en aquel tiempo no sabían sus nombres y apellidos.
Tanto
cautelados como personas sin medidas cautelares sufrieron los mismos daños en
San Juan Copala, perdiendo sus casas, terrenos, animales, demás propiedades y posesiones.
Situación que
no ha sido valorada, entendida y considerada por el gobierno de Oaxaca, porque
para este ente, los únicos que tienen derechos son los cautelados, las
personas no cauteladas no tienen ningún
derecho ni voz. En los convenios de concertación que el gobierno estatal ha
impuesto a los representantes de diferentes grupos de desplazados, sólo los
cautelados han sido considerados en ellos, los no cautelados han sido
excluidos.
El gobierno
estatal siempre separó y diferenció los cautelados de los no cautelados,
llegando a dividir y confrontar a los mismos para no atender a los mismos y
cumplir con sus obligaciones internacionales.
En agosto del
2013, el gobierno de Oaxaca, a través de Arturo de Jesús Peimbert Calvo, regaló
5 millones de pesos y una camioneta color gris tipo estaquitas a Braulio
Hernández Hernández, Mariana Flores López, Marcelina de Jesús López, Carmen de
Jesús López, Manuel de Jesús Ramírez, Fidel Santillán Flores y José Enrique
González Martínez para levantar y abandonar con sus seguidores el plantón de
los corredores del Palacio de Gobierno de Oaxaca, desconociendo a Lorena Merino
Martínez, como la representante de desplazados.
Tiempo
después, el gobierno estatal y Peimbert Calvo llenaron de protecciones, lujos y
privilegios a los representantes del nuevo grupo de desplazados,
convirtiéndoles sus incondicionales hasta la fecha, quienes conjuntamente
desprestigiaron y criminalizaron a Lorena Merino, Basilio Ramírez García y a la
familia de este último, a quienes Peimbert y sus incondicionales fabricaron
delitos en la ciudad de Oaxaca y Ciudad de México.
El gobierno
estatal siempre discriminó, excluyó y marginó al grupo de Lorena Merino,
respecto de los demás grupos de indígenas desplazados, quienes, desde enero del 2017, no reciben apoyo
alimentario, ayuda ni atenciones del gobierno de Alejandro Murat, único grupo
que hasta la fecha no cuenta con lotes de terreno para su reubicación y
construcción de sus viviendas.
Los
representantes Reyna Martínez Flores y Marcos Albino Ortiz; Braulio Hernández
Hernández y Mariana Flores López; Jesús Martínez Flores y Juliana Martínez
Hernández; Pilar Martínez Flores López y Fausto Merino Merced; Epifania
Martínez Flores López y Rafael Merino; María Juana Santiago y Sarahí Cruz
Santiago y; Sergia Cepeda González, reciben apoyo y ayuda del gobierno de
Oaxaca a través de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) para sus
cautelados y desplazados, grupos que ya cuentan con lotes de terrenos en las
agencias municipales de Villa de
Zaachila, Santa Cruz Xoxocotlán y Huajuapan de León para la reubicación y
construcción de viviendas de sus militantes. Representantes que desde enero del
2018 reciben recursos económicos de la SEGEGO para la compra de alimentos para
sus seguidores, dinero que ya quedado en sus bolsillos y cuentas bancarias.
En diciembre
del 2020, el gobierno estatal y federal, otorgaron la cantidad de 240 mil pesos
a los desplazados del grupo de Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores
López para la construcción y mejoramiento de sus viviendas como forma duradera
y definitiva de solución del
problema que dio origen a la multicitada medida cautelar, firmando a cambio el
desistimiento, levantamiento, cancelación o terminación de la referida medida
cautelar. Se habla que desplazados de otros grupos también acudieron al llamado
del gobierno estatal y federal, haciendo lo mismo.
La CIDH debe
valorar y estudiar minuciosamente el caso de San Juan Copala para cancelar o no
la mencionada medida cautelar porque no todos los cautelados están recibiendo
atenciones integrales, seguridades y protecciones, apoyo alimentario, lotes de
terrenos, apoyo económico para la construcción y mejoramiento de sus viviendas
y demás ayuda del gobierno, alguno de ellos, no pertenecen a ningún grupo de
desplazados y viven a otras Entidades de la República Mexicana desde 2010 y
nunca han recibido atenciones ni ayuda del Estado Mexicano.
La medida
cautelar no debe terminar de forma colectiva para no dejar en estado de
indefensión, desprotección y violación de derechos humanos e indígenas de los
cautelados que no han recibido atenciones ni ayuda del Estado Mexicano, misma
que debe ser terminada de forma individual cuando el gobierno mexicano cumpla
sus obligaciones y la CIDH crea pertinente.
La CIDH debe solicitar y exhortar
al Estado Mexicano para que cumpla por igual sus obligaciones con todos los
cautelados triquis de San Juan Copala sin distinción ni exclusión alguna, ya
que el Estado Mexicano está sorprendiendo al citado organismo defensor y
promotor de derechos humanos con mentiras y supuestas atenciones a los
cautelados, cuando sólo ha brindado ayudas a los dirigentes de los grupos,
apoyos que no llegan a los cautelados porque son acaparados por los dirigentes.
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