Claudia Sheinbaum y Salomón Jara sin voluntades de reubicar a indígenas desplazados triquis de Copala

Han pasado más de 15 años desde que los indígenas desplazados triquis de Copala fueron obligados a huir de su comunidad de origen por grupos armados y paramilitares que operan impunemente en la zona triqui de Copala con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal.

Desde entonces, los indígenas desplazados triquis de Copala viven en condiciones precarias e inhumanas, sin vivienda, sin trabajo, sin atención médica, sin fuentes de ingresos, sin atención gubernamental ni acceso a otros servicios básicos. 

Exigen algo que la ley les reconoce, pero que el Estado Mexicano les ha negado sistemáticamente que es su reubicación y retorno seguro a su comunidad de origen.

La historia de los indígenas desplazados triquis de Copala es una crónica de impunidad, represión y omisión institucional. 

Lo que comenzó como una emergencia humanitaria, se convirtió en una herida abierta que, hasta hoy, sigue sin atención ni justicia.

En 2010, mujeres, hombres, niños, adolescentes y ancianos de San Juan Copala huyeron bajo el fuego de grupos armados que operan con total impunidad en la región con la complicidad del gobierno. 

El cerco paramilitar a los habitantes de la comunidad duró más de diez meses y fue permitido por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Durante ese tiempo, el Estado Mexicano brilló por su ausencia. No hubo protección ni intervención para garantizar los derechos de los habitantes de la comunidad. La respuesta fue el silencio y la omisión. La consecuencia fue el desplazamiento forzado de cientos de familias indígenas triquis de San Juan Copala.

Desde entonces, han pasado varios gobiernos municipales, estatales y federales, todos con un punto en común, ninguno ha cumplido con garantizar la atención, protección, seguridad, reubicación y retorno seguro de estas familias a su comunidad.

Ulises Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), permitió el sitio armado sin intervención siendo cómplice de grupos paramilitares agresores. Nunca asumió responsabilidad ni ofreció condiciones de retorno.

Gabino Cué Monteagudo de la alianza PAN-PRD-PT-Convergencia, firmó un acuerdo de paz a modo que nunca se implementó. Posteriormente, su administración recurrió a la represión, la difamación, los desalojos, los decomisos y la criminalización de los indígenas desplazados triquis de Copala, acusándolos incluso de delitos fabricados.

Alejandro Murat Hinojosa del PRI, utilizó la causa triqui como recurso político y mediático. Durante sus giras, posó con integrantes de pueblos originarios, pero mantuvo la política de represión, desprestigio, decomiso, criminalización y desalojo hacia los indígenas desplazados triquis de Copala.

Salomón Jara Cruz del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), actual gobernador de Oaxaca ha sido señalado por continuar y profundizar las acciones de criminalización. Su administración ha encarcelado, difamado, confiscado y reprimido a los indígenas desplazados triquis de Copala, en contraste con su discurso de justicia social y apoyo a los pueblos indígenas.

Los indígenas desplazados triquis de Copala habían obtenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, tribunales federales mexicanos reconocieron su derecho al retorno. Sin embargo, el Estado Mexicano presentó informaciones falsas ante la CIDH, lo que derivó en la cancelación de las medidas cautelares MC-197-10 el 02 de diciembre del 2022 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta acción representa una traición directa a las comunidades indígenas, una violación al derecho internacional y una muestra clara de que la retórica progresista del actual gobierno no se traduce en acciones concretas.

Durante estos 15 años, las familias indígenas desplazadas triquis de Copala han vivido en situaciones precarias, en condiciones deplorables y olvido gubernamental. No tienen acceso a vivienda, trabajo, atención médica, educación, seguridad ni demás servicios básicos. Las condiciones se agravan por la estigmatización que sufren y por los constantes intentos del Estado Mexicano por reprimirlos, desalojarlos, desprestigiarlos y criminalizarlos.

“Si protestamos, nos reprimen, nos desalojan, nos difaman, nos criminalizan y nos encarcelan. Si callamos, nos condenan al olvido. Si bloqueamos, nos llaman violentos. Si vendemos en las calles, nos decomisan nuestras artesanías. ¿Entonces qué nos queda?”, cuestionan los indígenas desplazados triquis de Copala del grupo de Lorena Merino Martínez.

Mientras tanto, el gobierno mexicano se presenta en foros internacionales como un defensor de los pueblos indígenas. Organiza eventos, viste huipiles, y presume un “indigenismo progresista” que, en la práctica, no se refleja en políticas públicas ni en justicia efectiva.

“Cuando morimos en el exilio, ni siquiera contamos como estadística”, afirman los indígenas desplazados triquis  de Copala del grupo de Lorena Merino Martínez.

El caso de San Juan Copala no es solo una historia de abandono gubernamental. Es también un reflejo del racismo estructural, la indiferencia institucional y el uso político de los pueblos originarios. La exigencia es clara porque exigen reubicación, retorno seguro, justicia, reconocimiento, seguridad, protección y garantías reales.

A más de 15 años del desplazamiento forzado, los indígenas desplazados triquis de Copala siguen esperando lo que nunca debieron perder que son su hogar, su pueblo, su tierra, su territorio, su derecho a vivir con dignidad y libre de violencia.

¿Cuánto más va a tardar el Estado mexicano en cumplir su obligación de reubicar y retornar a indígenas desplazados triquis de Copala del grupo de Lorena Merino Martínez?.