Claudia Sheinbaum y la deuda pendiente con los indígenas desplazados triquis de Copala

Desde 2010, los indígenas triquis de San Juan Copala, Oaxaca, viven desplazados por la violencia paramilitar y por la indiferencia del Estado mexicano.

Ha pasado más de una década sin justicia, sin reparación, sin reubicación, sin retorno y sin la protección que se les prometió.

Durante este tiempo, tres gobiernos federales conocieron su tragedia y la ignoraron.

Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, los vio huir y no intervino. Enrique Peña Nieto, del PRI, los dejó en el olvido. Y Andrés Manuel López Obrador, de Morena, quien prometió atender las causas de la violencia y el abandono, nunca los escuchó directamente.

Ninguno de ellos garantizó lo más básico: el derecho a vivir con dignidad en su propio territorio.

Hoy, los desplazados vuelven la mirada hacia la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, también del partido Morena, con la esperanza de que su gobierno sea distinto.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido señales claras de atención ni acciones concretas para resolver su situación.

Los desplazados temen que la historia se repita, mientras el partido gobernante ya está buscando a su próximo candidato presidencial.

La mayoría de las víctimas son mujeres, madres solteras, niños y ancianos que sobreviven desde hace años en condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad y abandono.

No salieron de San Juan Copala por voluntad propia, sino por la violencia paramilitar que los expulsó.

Desde entonces, viven en el desarraigo y la precariedad: sin vivienda, sin empleo, sin acceso a salud ni educación, sin seguridad, sin espacios para vender sus artesanías y sin un plan real de reubicación o retorno.

El 7 de octubre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la gravedad de su situación al otorgar la medida cautelar MC-197-10, que obligaba al Estado mexicano a proteger sus vidas.

Pero el 1 de diciembre de 2022, esa medida fue levantada bajo el argumento de que ya no existían riesgos graves.

Nada más lejos de la realidad: las familias desplazadas siguen sin protección ni garantías de retorno seguro o reubicación digna.

Los desplazados confían en que la presidenta Claudia Sheinbaum no repita los errores del pasado. 

Su gobierno, que ha prometido justicia social y atención a las causas estructurales de la desigualdad, tiene la oportunidad de convertir una deuda pendiente en un acto de justicia histórica.

Además, su compromiso con las mujeres y su postura feminista deberían reflejarse en hechos concretos: escuchar a las mujeres desplazadas, muchas de las cuales han criado a sus hijos en las calles y en los campamentos improvisados del zócalo de Oaxaca, sería un gesto de humanidad y coherencia política.

El artículo 1 de la Constitución obliga a todas las autoridades a proteger y garantizar los derechos humanos. El artículo 2 reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Cumplir con esos mandatos implica reconocer el desplazamiento forzado interno triqui como una herida abierta que el Estado mexicano aún no ha querido sanar.

Los desplazados triquis no piden compasión, sino justicia.

Esperan que Claudia Sheinbaum Pardo voltee su mirada hacia ellos, escuche su voz y actúe para resolver una de las deudas más antiguas del país con sus pueblos originarios.

Después de tantos años de exilio interno, su demanda es clara: no buscan un favor, sino el cumplimiento de un derecho: volver a vivir en paz en San Juan Copala.