Detención arbitraria del activista Gerardo González por policías de Raymundo Chagoya de MORENA en Oaxaca

Siendo aproximadamente las 11:40 horas del día 9 de octubre de 2025, en el Periférico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, a la altura de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la joven Ariadna F., al conducir su vehículo, se incorporó por error a la calle Fiallo.

Ante esta maniobra, el agente de la Policía Vial Municipal Abraham Samuel Pérez Delgado, a bordo de la motocicleta con número económico 449, inició su persecución y la detuvo en la calle Fiallo, esquina con Xóchitl.

Desde el primer momento, el agente no se identificó debidamente ni siguió el protocolo establecido. Por el contrario, adoptó una actitud intimidatoria, amenazante y agresiva, realizando maniobras peligrosas mientras ambos vehículos aún estaban en movimiento. Al lograr interceptarla, cerró el paso con su motocicleta, se dirigió a ella a gritos y con evidente prepotencia.

Cuando Ariadna le preguntó por qué era la única persona detenida, pese a que otros dos vehículos habían cometido la misma infracción, el agente respondió con una frase que evidencia una actitud de hostigamiento, abuso de autoridad y sesgo de género:

“A ti te voy a detener”, respondió el agente.

Este señalamiento directo refuerza la percepción de que la joven fue seleccionada arbitrariamente, en un contexto de vulnerabilidad por encontrarse sola al momento de los hechos.

Al sentirse amenazada, Ariadna permaneció dentro de su vehículo. Minutos después, llegó al lugar Gerardo González Ramírez, quien, tras conocer la situación, se identificó ante el agente y solicitó que se levantara la infracción conforme al procedimiento legal. No obstante, lejos de actuar conforme a derecho, el agente respondió con violencia verbal y agresiones físicas, empujándose contra Gerardo.

En un intento por evitar una agresión mayor, Gerardo se defendió pasivamente usando sus manos, y terminó sosteniendo accidentalmente el lapicero del agente vial.

Ante la situación, militantes de la Alianza de los Pueblos por la Justicia Social —organización a la que pertenece Gerardo— acudieron al lugar tras ser alertados. La intervención fue pacífica y razonada, solicitando únicamente que se levantara la infracción correspondiente. Se entregaron los documentos requeridos y, finalmente, el elemento emitió la infracción.

Sin embargo, el agente ya había solicitado refuerzos, por lo que minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes, sin mediar investigación o diálogo, procedieron a detener de manera arbitraria a Gerardo bajo los cargos de “ofender al agente vial”, “resistencia de particulares” y por “órdenes superiores”.

Cabe señalar que en ningún momento se impidió el trabajo de los agentes viales ni de la Policía Municipal. Por el contrario, fueron estos últimos quienes actuaron con total desprecio por el debido proceso, violando protocolos institucionales y derechos de los ciudadanos involucrados.

Esta detención constituye un flagrante abuso de autoridad por parte de los cuerpos policiales del municipio de Oaxaca de Juárez, bajo la responsabilidad del presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien hasta el momento ha guardado silencio ante las reiteradas denuncias de abuso policial, acoso institucional y represión contra habitantes del municipio.

Este tipo de actos se han vuelto recurrentes y normalizados en la ciudad de Oaxaca, donde las mujeres al volante no solo enfrentan los riesgos del tránsito, sino también el acoso de los propios agentes viales.

Gerardo González Ramírez es indígena desplazado triqui de San Miguel Copala, defensor de derechos humanos y militante del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), de la Unidad Patriótica (UP) y de la Alianza de los Pueblos por la Justicia Social.

En octubre de 2024, fue víctima de desaparición forzada por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), en un contexto represivo en el que también fue asesinado Gerardo Cruz Palacios y se produjo un intento de ejecución contra Omar Camacho.

Adicionalmente, Gerardo fue secuestrado y torturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la comunidad de Ricardo Flores Magón, lo que derivó en su desplazamiento forzado a la capital del Estado, donde actualmente cuenta con medidas de protección.

También ha sido objeto de un intento de ejecución extrajudicial por parte de la Policía Estatal durante un operativo en Pinotepa Nacional, reforzando la hipótesis de una estrategia sistemática de criminalización y persecución contra su persona y las organizaciones populares que representa.

Resulta alarmante que en una administración encabezada por Ray Chagoya —quien llegó al poder bajo el discurso de la transformación y la justicia social, primero abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y posteriormente integrado a las filas de MORENA— se mantenga una actitud permisiva y complaciente frente a la actuación violenta, arbitraria y desproporcionada de las corporaciones policiales municipales.

Esta incoherencia entre el discurso y la práctica pone en evidencia una falta de voluntad política para erradicar los abusos institucionales, que lejos de disminuir, se han profundizado y normalizado en las calles de Oaxaca bajo su gestión.

Mientras los agentes agreden, intimidan, amenazan y detienen arbitrariamente a ciudadanos —en especial a mujeres, defensores de derechos humanos y luchadores sociales—, el presidente municipal permanece silente e inactivo, encubriendo con su omisión una práctica institucional de abuso de poder.

Dicha omisión no es neutral: convierte al edil morenista en cómplice político de una estrategia de represión sistemática contra quienes ejercen sus derechos a la defensa social, la organización comunitaria, la protesta legítima y la protección de los derechos humanos.

González Ramírez fue liberado el mismo día, horas después de su detención arbitraria, gracias a la presión social, la movilización ciudadana, las redes sociales y el acompañamiento de organizaciones populares.

Sin embargo, su detención arbitraria no puede ni debe ser minimizada ni normalizada. Constituye una flagrante violación a sus derechos y un nuevo ejemplo del uso sistemático de las instituciones de seguridad como mecanismos de intimidación, amenaza, represión y silenciamiento contra quienes alzan la voz en defensa de la justicia y los derechos humanos.