El Estado mexicano mintió y engañó a la CIDH para abandonar a los indígenas desplazados triquis de Copala

El 7 de octubre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la medida cautelar MC-197-10 a favor de 135 habitantes de San Juan Copala, víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia ejercida por grupos paramilitares en la región triqui.

La medida tuvo como propósito proteger la vida, la integridad física y la dignidad de las personas desplazadas ante un contexto de alto riesgo, desprotección institucional y abandono estatal.

A partir de su otorgamiento, el Estado mexicano asumió compromisos concretos ante la CIDH para garantizar condiciones mínimas de seguridad, subsistencia y restitución de derechos.

Sin embargo, más de una década después, los hechos demuestran un incumplimiento sistemático y una discriminación persistente, particularmente hacia el grupo encabezado por Lorena Merino Martínez, representante de uno de los grupos de desplazados triquis históricamente marginados por las autoridades estatales y federales.

La resolución de la CIDH ordenó al Estado mexicano adoptar medidas urgentes y sostenidas para proteger los derechos de las personas desplazadas, entre ellas: salvaguardar la vida y la integridad de los beneficiarios; investigar los hechos de violencia; diseñar un plan de retorno seguro, voluntario y digno con participación directa de las víctimas; y garantizar alimentación suficiente, continua y adecuada como medida esencial de protección humanitaria.

De todas estas medidas, el apoyo alimentario representó el símbolo mínimo de la responsabilidad estatal: la expresión más básica de atención a un pueblo que lo había perdido todo.

Durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo (2010–2016), el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), firmó Convenios de Concertación con los representantes de los grupos de desplazados triquis reconocidos por la medida cautelar.

En dichos acuerdos, el gobierno estatal se comprometió a proporcionar albergue temporal, reubicación digna, retorno seguro, entrega de insumos alimentarios semanales y despensas mensuales, entre otros apoyos básicos.

Sin embargo, la ayuda se restringió exclusivamente a los beneficiarios formalmente reconocidos por la CIDH, dejando fuera a cientos de desplazados en idéntica situación de vulnerabilidad, lo que constituyó una violación al principio de igualdad y no discriminación.

El grupo encabezado por Lorena Merino Martínez firmó su convenio en septiembre de 2013, en el cual se estableció expresamente la obligación del gobierno estatal de entregar insumos semanales en especie y despensas mensuales. El gobierno de Gabino Cué cumplió con lo pactado de septiembre de 2013 a diciembre de 2016.

Con la llegada de Alejandro Murat Hinojosa (2016–2022), del PRI, la política hacia los desplazados cambió abruptamente. Se sustituyó la entrega de insumos semanales en especie por cheques y se redujo drásticamente el número y valor de las despensas mensuales otorgadas por el DIF-Oaxaca.

Mientras la mayoría de los representantes de los grupos aceptaron ese nuevo formato, Lorena Merino exigió que los apoyos continuaran en especie, como estipulaba el convenio original. La respuesta institucional fue el castigo: la cancelación total de apoyos alimentarios para su grupo.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2022, el grupo de Lorena Merino no recibió un solo apoyo alimentario, a diferencia de los demás grupos, cuyos representantes siguieron recibiendo despensas mensuales y recursos económicos.

Diversas denuncias documentan que dichos fondos fueron desviados a fines personales —compra de casas, terrenos y vehículos—, mientras el gobierno estatal y federal conservaban copias de los cheques como supuesta evidencia de cumplimiento ante la CIDH.

De esta manera, el Estado mexicano acreditó formalmente una ayuda que, en la práctica, nunca llegó a todas las víctimas, consolidando un patrón de simulación y exclusión institucional.

El 1 de diciembre de 2022, la CIDH levantó la medida cautelar MC-197-10, a petición del Estado mexicano, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y de Braulio Hernández Hernández, representante de otro grupo de desplazados.

Sin embargo, la decisión se sustentó en informes incompletos y falsos proporcionados por el Estado mexicano, que manipularon deliberadamente la situación del grupo de Lorena Merino Martínez.

Con mentiras, el Estado mexicano logró que la CIDH levantara la medida, validando una narrativa oficial que distorsionó los hechos y encubrió la omisión y discriminación institucional.

Desde entonces, el gobierno de Oaxaca suspendió toda forma de apoyo alimentario y asistencia, dejando al grupo de Lorena Merino en el abandono total: sin alimentos, sin vivienda, sin seguridad y sin posibilidad de retorno o reubicación.

Lorena Merino ha denunciado reiteradamente esta situación ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el exgobernador Alejandro Murat Hinojosa y el actual gobernador Salomón Jara Cruz, sin obtener respuesta ni justicia.

Aunque el actual secretario de gobierno, Jesús Romero López, instruyó a la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), Flor Estela Morales Hernández, a revisar el caso, hasta hoy no se ha emitido informe alguno.

El argumento del gobierno morenista de Salomón Jara ha sido que los recursos “no recogidos” fueron devueltos a la Federación y que la actual administración “no puede hacerse responsable del gobierno anterior”.

Tal postura contradice el principio de continuidad del Estado mexicano y vulnera los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El grupo de Lorena Merino es el único al que el gobierno estatal no adquirió terrenos para su reubicación, mientras los demás grupos sí recibieron lotes financiados por el Estado, especialmente en diversas zonas de Zaachila y Huajuapan de León.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal entregó 240 mil pesos a integrantes del grupo de Braulio Hernández Hernández para la construcción de viviendas, profundizando la desigualdad hacia el grupo de Lorena Merino y otros grupos de desplazados triquis.

Estos hechos revelan un patrón de discriminación estructural, exclusión y revictimización institucional, contrario a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

El grupo de Lorena Merino ha resistido más de una década de abandono, sobreviviendo sin tierra, vivienda, empleo, educación, salud ni justicia.

El cambio de administración no extingue las obligaciones del Estado ni cancela los derechos de las víctimas.

Por ello, se exige al gobierno de Salomón Jara Cruz:

1. El reconocimiento oficial de las violaciones cometidas contra el grupo de Lorena Merino Martínez.

2. La restitución y compensación inmediata de los apoyos alimentarios no entregados entre 2017 y 2022.

3. El cumplimiento íntegro del convenio firmado con el gobierno de Oaxaca y la reapertura del expediente ante la CIDH.

4. Una política pública integral de atención a las personas desplazadas triquis.

5. Y la rendición de cuentas sobre los recursos desviados durante la administración de Murat Hinojosa.

El gobierno actual ha proclamado su compromiso con la “deuda histórica hacia los pueblos indígenas”. Si esa promesa es auténtica, debe comenzar con los desplazados triquis.

No puede hablarse de transformación ni de justicia social mientras se perpetúe el abandono, la indiferencia y la impunidad hacia quienes han resistido más de una década de desplazamiento, violencia, pobreza y desprecio.

La reparación no es un favor político: es una obligación jurídica, ética y moral del Estado mexicano.