Gobierno morenista de Oaxaca robó artesanías a los indígenas desplazados triquis de Copala

La madrugada del 2 de diciembre de 2022, el gobierno estatal de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, y el gobierno municipal, dirigido entonces por Francisco Martínez Neri, ambos del partido MORENA, ejecutaron un operativo violento de desalojo contra las familias indígenas triquis desplazadas de San Juan Copala, quienes mantenían campamentos de protesta pacífica y venta de artesanías en la calle Ricardo Flores Magón, los corredores del Palacio de Gobierno y el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

En plena madrugada, mientras niños, mujeres, hombres y ancianos dormían bajo lonas improvisadas, un operativo conjunto de policías, inspectores municipales y grupos de choque irrumpió sin previo aviso.

En cuestión de minutos, los desplazados fueron sometidos con violencia, desalojados y despojados de todas sus pertenencias. El poder del Estado se impuso contra familias que solo exigían justicia y un lugar donde vivir.

Las artesanías, huipiles, documentos oficiales, dinero, objetos personales y demás pertenencias fueron cargados en camiones de volteo y trasladados a una bodega municipal abandonada, en remodelación, llena de polvo, cemento y basura. Allí, los bienes fueron arrojados como desechos, sin registro ni resguardo alguno.

Meses después, cuando las víctimas fueron llamadas a recuperar sus pertenencias, se encontraron con una escena de devastación y vergüenza: todo estaba revuelto, roto, manchado, incompleto o desaparecido. Las familias triquis comprendieron entonces que no solo habían sido desalojadas, sino también robadas.

Durante el operativo, inspectores municipales, policías y grupos de choque saquearon las artesanías.

En la bodega, inspectores municipales —encabezados por Valerio López Aguilar— seleccionaron lo mejor del botín: se apropiaron de huipiles, ropa tradicional, suéteres y artículos de piel. Poco después, Valerio López y sus inspectores montaron tiendas de venta con las artesanías robadas.

El cinismo fue tal que fueron exhibidos en redes sociales por sus propios compañeros, donde aparecían riendo, jugando con los juguetes de los niños, usando la ropa típica y posando con las artesanías como si se tratara de un desfile. Un acto de vejación y humillación pública contra las familias triquis desplazadas.

Ante el escándalo, el entonces presidente municipal, Francisco Martínez Neri, declaró que los responsables habían sido sancionados y despedidos. Era falso: todos continuaron trabajando en su administración hasta el final de su mandato.

Ni el gobierno estatal ni el municipal repararon el daño, indemnizaron a las víctimas o iniciaron investigaciones. El saqueo quedó impune, como si nada hubiera ocurrido.

Para recuperar parte de sus cosas, las familias fueron obligadas a firmar documentos oficiales del municipio en los que se afirmaba que habían recibido sus pertenencias, aunque la mayoría de los desplazados no recuperó nada o apenas una mínima parte.

Los desplazados interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, documentando lesiones, abusos, decomisos y robos. Ninguna prosperó: todas fueron archivadas.

También acudieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para interponer las quejas correspondientes. El organismo jamás emitió resolución ni recomendación alguna. El silencio de la Defensoría reflejó el silencio cómplice del aparato municipal y estatal.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había levantado la medida cautelar MC-197-10 el 1 de diciembre de 2022, el caso fue informado al organismo y también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin obtener respuesta alguna.

El gobierno federal, estatal, municipal y las instancias internacionales ignoraron por completo a las víctimas. La impunidad se consolidó como política pública.

El violento desalojo y saqueo del 2 de diciembre dejó una herida profunda en la conciencia del pueblo mexicano. No fue solo una agresión material y física: fue una afrenta moral y cultural.

Se destruyó el trabajo, el sustento y la dignidad de familias que ya habían sido expulsadas de su tierra por la violencia de grupos armados y paramilitares. El Estado que debía protegerlas volvió a violentarlas, las revictimizó y luego las abandonó.

Hasta la fecha, nadie ha sido responsabilizado ni sancionado. Ninguna autoridad ha pedido disculpas ni ofrecido reparación. El silencio institucional se ha convertido en una forma de complicidad.

Las familias triquis continúan sin justicia, reparación, hogar, reubicación ni retorno. Esperan que alguien reconozca lo que les fue arrebatado: su historia, su cultura, su sustento, su dignidad, sus derechos humanos y su trabajo.

El eco del despojo sigue vivo, porque en cada huipil, artesanía y documento robado late una verdad que el gobierno morenista intenta enterrar, pero que las víctimas se niegan a olvidar.

Cuando los desplazados triquis fueron expulsados de San Juan Copala en 2010, también perdieron sus casas, terrenos, animales y pertenencias, apropiadas por grupos armados y paramilitares. 

Doce años después, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el despojo se repitió con la complicidad del Estado. Aquel 2 de diciembre, la historia se repitió, solo que esta vez los paramilitares llevaban uniforme oficial.

Fue el mayor decomiso sufrido por los desplazados triquis: sus pertenencias fueron retiradas en 28 camiones de volteo, cargados con toneladas de artesanías, símbolo del trabajo, la identidad y la resistencia de un pueblo al que el Estado volvió a traicionar.