Indígenas triquis de San José Xochixtlán reanudan sus protestas ante el engaño del gobierno de Salomón Jara Cruz

En Oaxaca, las comunidades indígenas no solo enfrentan pobreza, marginación y olvido institucional. También lidian con un enemigo más sutil pero igual de corrosivo: el incumplimiento sistemático del Estado, que promete diálogo y soluciones mientras posterga, evade o ignora.

Esta es la realidad que vive la comunidad triqui de San José Xochixtlán, perteneciente al municipio de San Martín Itunyoso, que una vez más ha sido abandonada por las autoridades estatales, a pesar de compromisos formales y públicos.

Desde hace meses, los habitantes de esta comunidad del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), han llevado a cabo manifestaciones pacíficas, con un objetivo legítimo y urgente: sentarse a dialogar con el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para atender y solucionar las demandas históricas y justas del pueblo.

Como resultado de esta presión social, se acordó la instalación de una mesa de trabajo programada para el 30 de septiembre de 2025. Así lo confirmaron representantes del gobierno estatal, entre ellos Angelino López Cortés, Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno (SEGO), y Donato Vargas Jiménez, Coordinador General de Delegados de Paz. El compromiso incluía la presencia del propio Secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

La expectativa era alta: por fin, la institucionalidad parecía responder con voluntad política. Pero el día llegó, y nadie del gobierno se presentó. No hubo explicación, aviso ni disculpa. Solo silencio, desprecio e indolencia. Una omisión que no es solo administrativa, sino profundamente política.

Este hecho no es aislado. Forma parte de una larga y dolorosa cadena de promesas rotas, acuerdos incumplidos y desaires institucionales que los pueblos originarios de Oaxaca conocen demasiado bien. La falta de seriedad y responsabilidad gubernamental no solo agravia: hiere la confianza, mina el diálogo y profundiza los conflictos.

Y ante la pregunta inevitable —¿qué alternativa tiene una comunidad cuando ha agotado todos los cauces institucionales sin respuesta?—, San José Xochixtlán respondió con dignidad: reactivó el bloqueo sobre la carretera federal 125-A, a la altura de la desviación a la comunidad, en el tramo Tlaxiaco–Putla.

Más que un acto de protesta, esta acción es un grito de dignidad y justicia. Es una manera de recordarle al gobierno que los pueblos no se rinden cuando se trata de defender su autonomía, su identidad y sus derechos.

Y hay un punto central que no puede seguir siendo ignorado: el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) emitió una resolución firme y legalmente vinculante que reconoce a José Tereso Cruz Reyes como Agente Municipal legítimo de San José Xochixtlán. Este fallo no es simbólico, ni negociable, y sin embargo, el gobierno estatal —autodenominado de la Cuarta Transformación y la Primavera Oaxaqueña— ha optado por incumplirlo abiertamente.

¿Puede una administración que dice defender la justicia social desacatar una resolución judicial sin consecuencias?. ¿Puede hablar de transformación mientras niega a una comunidad indígena su derecho al autogobierno, la autodeterminación y la autonomía, derechos reconocidos por las leyes mexicanas y los tratados internacionales?.

Lo que exige San José Xochixtlán no es un favor ni un privilegio. Es justicia. Reclama lo que cualquier comunidad democrática tiene derecho a exigir: el respeto a sus decisiones internas, a sus usos y costumbres, y a ser escuchada con seriedad. Lo mínimo que puede esperarse de un Estado que se dice garante de derechos es que cumpla su palabra y respete la ley.

La comunidad ha anunciado que mantendrá su movilización hasta recibir una respuesta clara, efectiva, definitiva y con verdadera voluntad política. Pero esto va más allá de un conflicto local. Lo que está en juego es demostrar, con hechos, que los pueblos indígenas no están solos, que la ley se aplica para todos y que el Estado no es sordo cuando las demandas vienen desde abajo.

Porque si el gobierno no cumple la ley con quienes menos tienen y con el pueblo, entonces, cabe preguntarse con toda razón: ¿para quién gobierna el poder?.