La CIDH no cumplió su función de proteger a los indígenas desplazados triquis de Copala

Durante más de una década, los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala creyeron estar protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 7 de octubre de 2010, el organismo otorgó la medida cautelar MC-197-10 a solo 135 habitantes, una fracción de las aproximadamente 500 personas desplazadas.

Aquella medida, que debía protegerlos de los grupos armados y paramilitares que los expulsaron de su comunidad, se presentó como una garantía de vida y seguridad. Pero, en realidad, fue una promesa vacía.

Con el tiempo, esa supuesta protección se convirtió en una simulación burocrática que culminó con el levantamiento injustificado de la medida, dejando a las víctimas en total indefensión frente al Estado mexicano, especialmente bajo el gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.

Varios años después, las familias triquis siguen desplazadas: sin vivienda, empleo, salud, educación, seguridad, justicia ni servicios básicos. Viven dispersas, sin esperanza de reubicación ni de retorno, y con la amarga certeza de que también la CIDH las abandonó.

La medida MC-197-10 se emitió tras documentarse ataques armados, violaciones y asesinatos contra integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, un proyecto de autonomía indígena reprimido por grupos paramilitares tolerados por el Estado.

En teoría, México debía garantizar seguridad, reubicación y retorno. En la práctica, nada cambió. Las familias continuaron en refugios precarios y campamentos improvisados en el zócalo de Oaxaca, mientras el Estado enviaba informes a la CIDH presumiendo “avances”.

La Comisión nunca verificó el cumplimiento de las medidas: no hubo misiones de observación, ni visitas, ni diálogo directo con los desplazados. El seguimiento se redujo a intercambios de oficios y correos electrónicos.

Durante años, el Estado reportó falsamente que el conflicto estaba “resuelto” y que los desplazados podían regresar “sin riesgo”, bajo la condición de firmar cartas de obediencia a los grupos armados, que decidirían quién podía volver y quién no. La CIDH aceptó esos informes sin contrastarlos con las víctimas.

Esa confianza ciega validó la narrativa de que el conflicto había desaparecido, cuando, en realidad, la violencia, los asesinatos y el control paramilitar persistían.

Incluso se extendieron a otras comunidades triquis, como San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala. En este último caso, la Comisión volvió a emitir la medida cautelar MC-279-22 para 144 personas el 27 de octubre de 2023. Pareciera un juego cruel.

El 1 de diciembre de 2022, la CIDH decidió levantar la MC-197-10, alegando que “ya no existía el riesgo inicial”. Fue un golpe devastador: dejó sin protección a las familias que aún resistían en los campamentos del zócalo de Oaxaca o refugiadas en otras partes del país y en el extranjero.

Solo unas horas después, en la madrugada del 2 de diciembre, el gobierno estatal de Salomón Jara Cruz, junto con el municipal de Francisco Martínez Neri, ambos de Morena, ordenaron un violento desalojo.

Los desplazados triquis fueron reprimidos, golpeados, despojados de sus pertenencias y de sus artesanías; sus campamentos fueron destruidos. Quedaron nuevamente en la calle, humillados y desamparados.

El levantamiento de la medida fue prematuro, irresponsable y revictimizante. Dejó a un pueblo indígena sin protección en el momento de mayor vulnerabilidad.

Entre 2010 y 2022, ni la Comisión ni el Estado mexicano garantizaron justicia, atención integral, reubicación digna o retorno seguro. Tampoco exigieron el desarme de los grupos armados y paramilitares, ni impulsaron un plan de reparación.

Durante doce años, la medida cautelar existió solo en papeles: informes sin seguimiento, oficios sin acción, promesas sin cumplimiento. Mientras los funcionarios cambiaban, los desplazados seguían bajo lonas en el zócalo, esperando una respuesta que nunca llegó. La Comisión terminó siendo el buzón del Estado mexicano.

El caso de Copala revela cómo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede fracasar cuando confunde la diplomacia con la justicia.

La CIDH, en lugar de presionar y supervisar, optó por creerle al Estado y olvidar a las víctimas. Esa omisión institucional no fue solo negligencia: fue una traición. Rompió la confianza de un pueblo indígena que la consideraba su última esperanza.

El error de la Comisión no fue técnico, sino humano. Su pasividad tuvo consecuencias reales: hoy las familias triquis siguen dispersas, en pobreza extrema, sin hogar, trabajo, salud, educación ni espacios para vender sus artesanías para sobrevivir, y sin la posibilidad de reubicación o retorno.

Nadie ha sido juzgado por los crímenes, violaciones ni por los desalojos. El Estado mexicano sigue sin ofrecer soluciones reales, y la Comisión, que pudo acompañarlas, prefirió mirar hacia otro lado.

El caso de los desplazados triquis de San Juan Copala es un espejo de la crisis moral y política del sistema interamericano: detrás del discurso de los derechos humanos se esconden instituciones que fallan, burocracias que se protegen y víctimas que quedan solas.

La CIDH tenía la oportunidad de ser un refugio. Eligió ser un archivo. Y en ese archivo quedaron enterradas las esperanzas y las voces de un pueblo que aún resiste, sin justicia, reubicación, retorno ni la protección que un día le prometieron.