La CIDH y el Estado mexicano traicionaron a los indígenas desplazados triquis de Copala

El violento desalojo de las familias indígenas desplazadas triquis de San Juan Copala, ocurrido la madrugada del 2 de diciembre de 2022 en el zócalo de Oaxaca, no fue un hecho aislado. Fue el resultado de una serie de decisiones políticas cuidadosamente sincronizadas, cuya precisión descarta cualquier idea de casualidad.

Durante más de una década, las familias triquis permanecieron en el centro histórico de Oaxaca, donde instalaron plantones y campamentos permanentes. Allí protestaban, vendían artesanías y sobrevivían como podían, tras haber sido expulsadas de su comunidad en 2010, víctimas de la violencia de grupos armados y paramilitares que actuaron con la tolerancia, omisión y complicidad del Estado.

Aquella madrugada, el operativo incluyó policías estatales, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, inspectores municipales, grupos de choque, funcionarios de diversas dependencias e incluso personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

La represión fue encabezada por el recién nombrado gobernador Salomón Jara Cruz y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, ambos del partido Morena.

El desalojo incluyó agresiones físicas, decomisos de artesanías y pertenencias, y la destrucción total de los campamentos. Aquella madrugada, el Estado no solo ejecutó un operativo policiaco: revictimizó a las familias desplazadas, volviendo a expulsarlas con la misma violencia que las había desterrado de San Juan Copala.

En medio de la oscuridad —la luz eléctrica fue cortada intencionalmente—, se sembraron paquetes de marihuana y botellas de alcohol adulterado. Cuando la electricidad regresó, los medios convocados por el propio gobierno tomaron fotografías y videos de las supuestas evidencias.

Luego difundieron esas imágenes y comunicados oficiales para legitimar el desalojo y criminalizar a los desplazados, presentándolos como invasores y delincuentes, no como víctimas de desplazamiento forzado interno.

Esa narrativa fue replicada por el gobernador Salomón Jara y su equipo en conferencias de prensa y redes sociales, presentando el operativo como un acto “heroico” para “recuperar el zócalo de Oaxaca”.

A simple vista, parecía una acción de autoridad local. En realidad, fue una estrategia política cuidadosamente planificada y coordinada.

Solo unas horas antes del desalojo, el 1 de diciembre de 2022, ocurrieron dos hechos clave:

1. Salomón Jara Cruz asumió el cargo como primer gobernador morenista de Oaxaca, rompiendo con décadas de dominio priista.

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó la medida cautelar MC-197-10, vigente desde octubre de 2010, que protegía a 135 habitantes de San Juan Copala desplazados por la violencia.

Esa medida era el único escudo legal que impedía una acción directa del Estado mexicano. Sin ella, el camino quedó libre para ejecutar el desalojo.

La CIDH notificó al Estado mexicano, pero no a las víctimas. El operativo las tomó por sorpresa, sin aviso y en total estado de indefensión.

Meses antes del operativo, se registraron encuentros que revelan una coordinación política anticipada:

El 23 de agosto de 2022, Salomón Jara, aún gobernador electo, se reunió con Adán Augusto López Hernández, entonces Secretario de Gobernación.

El 26 de noviembre, Adán Augusto visitó Oaxaca para supervisar el proceso de entrega-recepción.

El 1 de diciembre, representó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la toma de protesta de Salomón Jara.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, era la instancia responsable de dar seguimiento a las medidas de la CIDH. Ninguna decisión sobre los desplazados triquis pudo haberse tomado sin su conocimiento o intervención.

Mientras el Estado enviaba informes a Washington, las víctimas no tenían intérpretes ni representación legal.

La cancelación de la medida cautelar MC-197-10 fue solicitada conjuntamente por el Estado mexicano, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) —que originalmente había gestionado la protección, pero abandonó durante años a los desplazados— y un grupo encabezado por Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores López. 

Con ello, las familias triquis fueron revictimizadas nuevamente: las mismas instituciones que debían garantizar su protección participaron en la decisión que las dejó sin resguardo ante la CIDH.

Este grupo mantenía una alianza con el gobierno estatal desde agosto de 2013, mediada por Arturo Peimbert Calvo, entonces presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Bajo su gestión, intervención y protección, el grupo recibió recursos, apoyos, empleos y otros beneficios estatales.

Según la Resolución 66/22 de la CIDH, los beneficiarios vinculados a Braulio Hernández y Mariana Flores recibieron 240 mil pesos del gobierno federal para la construcción de viviendas. Los demás desplazados quedaron excluidos.

El grupo de Braulio Hernández y Mariana Flores contó además con el respaldo político y moral de los sacerdotes Alejandro Solalinde Guerra y Wilfrido Mayrén Peláez, conocido como "Padre Uvi". 

Así, la CIDH —financiada por los mismos Estados que la integran— resolvió con base en informes oficiales incompletos, sin escuchar directamente a las víctimas.

El resultado fue devastador: el mismo día en que un nuevo gobierno asumía el poder, las familias triquis perdieron su única protección internacional. Horas después, el desalojo se ejecutó con rapidez, violencia y precisión.

Días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los hechos. En su conferencia mañanera del 6 de diciembre, evitó condenar la represión y citó los tuits del sacerdote Alejandro Solalinde, quien había justificado el operativo afirmando que algunos grupos triquis “vivían de dádivas” y “rechazaban las soluciones”.

El presidente se limitó a decir:

“No tiene por qué haber represión; eso tiene que ver con los conservadores, no con nosotros.”

Esa frase marcó la postura oficial: deslindarse y justificar, en lugar de atender y reparar. No hubo condena, justicia ni reparación. Solo silencio.

El desalojo no fue un error operativo ni un exceso de autoridad local. Fue una acción institucional, respaldada por decisiones políticas coordinadas entre el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la CIDH y el nuevo gobierno estatal.

Primero se eliminó la protección internacional; luego se preparó el terreno político y mediático; finalmente, se aplicó la fuerza del Estado.

El resultado: un zócalo “limpio y libre”, a costa de la dignidad y los derechos humanos de un pueblo indígena desplazado.

El levantamiento de la medida cautelar no fue un trámite técnico, sino una decisión política diseñada para allanar el camino al nuevo gobierno.

La CIDH cerró el caso, la SEGOB dio su aval, el gobernador ejecutó el operativo en coordinación con el municipio, y el zócalo amaneció vacío. Cada engranaje cumplió su función.

Hoy, las familias triquis siguen desplazadas y dispersas, lejos de su tierra y la promesa de justicia. No tienen vivienda, trabajo, atención médica, educación ni seguridad. Sobreviven en la pobreza extrema, atrapadas entre la indiferencia y la burocracia, sin esperanzas de reubicación ni de retorno.

El zócalo de Oaxaca luce ordenado, pero ese orden se construyó sobre la exclusión. Lo que se presentó como “recuperación del espacio público” fue, en realidad, una operación para recuperar el control político.

La coincidencia entre la CIDH, la Secretaría de Gobernación y el gobierno estatal no puede atribuirse al azar. Los hechos —fechas, reuniones, decisiones y omisiones— revelan una coordinación deliberada y calculada.

Cuando las instituciones se alinean para silenciar una causa incómoda, no es justicia: es estrategia de poder.

No hay conspiración, hay hechos.

Y esos hechos —reuniones, fechas, omisiones y violencia— dibujan una verdad incómoda: la represión de los desplazados triquis fue planeada, permitida y silenciada desde arriba.

La historia se repitió: en 2010, los triquis fueron expulsados de San Juan Copala por grupos armados y paramilitares; en 2022, fueron desalojados del zócalo de Oaxaca por policías del Estado. El Estado mexicano los revictimizó una vez más, repitiendo con su propia fuerza pública la violencia que antes permitió con su silencio.

El presidente López Obrador no asistió a la toma de protesta de Salomón Jara, alegando “carga de trabajo”. Tal vez sabía lo que ocurriría y prefirió evitar el costo político de aparecer en medio de un desalojo anunciado.

La historia reciente de Oaxaca deja una lección dolorosa: mientras los discursos oficiales hablan de humanismo y defensa de los pueblos originarios. Los pueblos desplazados triquis siguen enfrentando represión, injusticia, omisión y olvido.

La autodenominada “Primavera Oaxaqueña” comenzó, paradójicamente, con el invierno de los derechos humanos.