La traición y el abandono de la CIDH a los indígenas desplazados triquis de Copala

Durante más de una década, los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala esperaron que la justicia internacional hiciera lo que el Estado mexicano nunca hizo: proteger sus vidas, su integridad física, sus derechos humanos y su dignidad; reconocer su sufrimiento y su dolor, y garantizar una reubicación digna y un retorno seguro a su comunidad. 

El 1 de diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió levantar la medida cautelar MC-197-10, dictada el 7 de octubre de 2010 mediante la Resolución 66/22, que había sido otorgada a 135 habitantes de San Juan Copala, víctimas de la violencia paramilitar.

Con esa resolución, la CIDH cerró la única puerta de protección internacional que quedaba abierta para un pueblo que ha sobrevivido más de una década en el exilio interno, entre la miseria, el miedo y el abandono. 

El argumento oficial fue que "ya no existían las condiciones iniciales de riesgo". Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: en la zona triqui de Copala persisten la violencia, los asesinatos, los ataques armados, las amenazas y el control territorial y político de grupos armados.

Actualmente, más comunidades triquis están en riesgo de ser desplazadas por el mismo grupo paramilitar que expulsó a los habitantes de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala. 

Los enfrentamientos armados continúan, y la violencia no solo se mantiene, sino que se ha intensificado y extendido a nuevas comunidades, mientras las autoridades observan en silencio, con indiferencia e impunidad.

Las familias desplazadas siguen dispersas, sin justicia, sin reubicación, sin retorno y sin condiciones mínimas de vida. 

Sobreviven sin vivienda, sin trabajo, sin ingresos económicos, sin atención médica, sin educación y sin espacios para vender sus artesanías. 

Viven en la extrema pobreza, la desatención y el abandono gubernamental. 

Los padres cargan con la desesperanza, los niños crecen en el desarraigo y los ancianos mueren lejos de su tierra. 

Es un pueblo entero que resiste en medio de la marginación, la exclusión y el olvido.

La CIDH ignoró deliberadamente esta realidad. Prefirió archivar el caso antes que asumir el costo político de enfrentar la inacción del Estado mexicano. 

El levantamiento de la medida no fue un acto administrativo, sino un abandono político y moral. 

Al repetir sin cuestionar los informes oficiales del gobierno mexicano —incompletos, unilaterales y llenos de mentiras—, la Comisión renunció a su deber de proteger, escuchar y acompañar a las víctimas.

La Resolución 66/22 fue, en los hechos, una sentencia de injusticia y de olvido. 

Desde entonces, la CIDH no ha regresado al caso, no ha emitido seguimiento alguno ni mostrado interés por la vida, la integridad física, los derechos humanos y la dignidad de quienes siguen desplazados. 

Su silencio frente a la persistencia y el aumento de la violencia en la zona triqui de Copala es una forma de complicidad institucional.

El caso de los desplazados triquis de San Juan Copala es uno de los pocos casos indígenas de desplazamiento forzado interno que la CIDH ha conocido, y la medida cautelar más prolongada de su historia. 

Pudo haber sido un precedente histórico de justicia para los pueblos originarios del continente americano, pero la Comisión prefirió perder esa oportunidad. 

En lugar de remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo archivó, negando a las víctimas su derecho a la justicia internacional.

La medida MC-197-10 se mantuvo durante doce años sin resultados tangibles y fue retirada sin explicación convincente. 

No hubo justicia, ni reparación, ni reubicación, ni retorno. Solo quedaron papeles, resoluciones y promesas incumplidas. 

Hoy, los desplazados triquis siguen lejos de su tierra, sobreviviendo sin garantías, mientras nuevas comunidades triquis corren el mismo destino.

La CIDH, que alguna vez fue símbolo de esperanza, hoy representa indiferencia. 

Su omisión traicionó su mandato de proteger la vida, la integridad física, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas. 

Su nombre, que antes evocaba justicia, hoy evoca injusticia, distancia y desconfianza. 

Esa distancia se traduce en hambre, miedo, impunidad y olvido internacional. 

Y en medio de ese olvido, el pueblo desplazado triqui de San Juan Copala sigue resistiendo solo, con su memoria, su dignidad y su derecho inquebrantable a volver algún día a su tierra.