Mientras el gobierno de Oaxaca presume en foros internacionales, desplazados triquis de Copala siguen sin justicia, retorno ni reubicación

Mientras el gobierno de Oaxaca recibe elogios y reconocimientos en foros internacionales por su presunta labor en la atención al desplazamiento forzado interno, los indígenas desplazados triquis de Copala del grupo de Lorena Merino Martínez continúan viviendo en el abandono, la exclusión y la revictimización, sin acceso a justicia, reubicación digna ni retorno seguro.

El 4 de octubre de 2025, en el marco del Tercer Foro Interregional sobre la Aplicación de Legislación y Políticas Públicas Relacionadas con el Desplazamiento Interno, celebrado en San Remo, Italia, el gobierno de Oaxaca —a través de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH)— fue reconocido por su supuesto “trabajo territorial y de consulta” con pueblos indígenas y afromexicanos, así como por la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, promulgada el pasado 4 de septiembre.

Sin embargo, para los desplazados triquis de Copala, este reconocimiento internacional no solo resulta desconectado de su realidad diaria, sino que agrava la invisibilización de su caso, que es uno de los más antiguos, documentados y no resueltos de desplazamiento forzado en el Estado.

En 2010, cientos de familias indígenas triquis fueron violentamente expulsadas de su comunidad de origen, San Juan Copala, en la región triqui de Oaxaca. La comunidad fue tomada y ocupada, y desde entonces permanece bajo el poder y control de un grupo paramilitar indígena triqui, sin que el Estado haya intervenido para desarticularlo ni garantizar condiciones para el retorno.

Desde entonces, estas familias han sobrevivido en plantones, calles, campamentos improvisados y espacios públicos, sin acceso a vivienda, trabajo, salud, educación, alimentación ni seguridad.

Sus múltiples intentos de retorno han sido bloqueados por fuerzas de seguridad estatales y funcionarios, quienes alegaban que “no había condiciones”, pero al mismo tiempo condicionaban el regreso a "acuerdos" con el grupo armado que los desplazó, perpetuando así la impunidad y la revictimización.

En lugar de proteger a estas familias, las autoridades estatales y federales han mostrado una actitud de omisión, abandono, desprecio y persecución.

Los desplazados triquis de Copala han enfrentado criminalización, campañas de difamación, amenazas, intimidaciones, fabricación de delitos, detenciones arbitrarias, decomiso de sus artesanías y pertenencias, represión y desalojos ilegales. Todo ello, por órdenes del gobierno estatal.

Aunque la nueva Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno ha sido presentada como un avance jurídico, su falta de implementación la convierte en letra muerta.

No existen mecanismos operativos, ni presupuesto asignado, ni programas específicos que beneficien directamente a las personas desplazadas.

En el caso de los desplazados triquis de Copala, esta ley no ha traído ningún cambio real. No se les ha incluido en ningún plan de atención, reubicación o retorno. No se les ha consultado ni reconocido como sujetos de reparación integral. Su situación sigue siendo ignorada por el gobierno actual, al igual que por las administraciones anteriores.

Las reuniones entre autoridades y desplazados triquis de Copala han sido señaladas como una simulación constante, sin resultados tangibles. Las llamadas “mesas de diálogo” se desarrollan bajo presión, intimidación y condiciones impuestas, sin garantías de respeto a los derechos ni voluntad política para resolver la situación.

Las supuestas reubicaciones anunciadas no se han concretado, y los compromisos adquiridos con las familias desplazadas no se cumplen. El discurso oficial promueve una imagen de sensibilidad y atención, pero en la práctica prevalecen la exclusión, el olvido y la represión.

La contradicción entre el reconocimiento internacional y la realidad en el terreno es profundamente preocupante. Mientras funcionarios estatales presumen logros y reciben elogios en foros internacionales como San Remo, las personas desplazadas continúan sobreviviendo en condiciones inhumanas dentro de su propio Estado, sin garantías mínimas de derechos.

Durante el foro, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Paula Gaviria Betancur, expresó su disposición al diálogo con el gobierno de Oaxaca. No obstante, cualquier diálogo legítimo debe incluir directamente a las víctimas, y no limitarse a escuchar a quienes han incumplido sus obligaciones de atenderlas, protegerlas y resolver su situación.

Los desplazados triquis de Copala no piden caridad, compasión ni discursos vacíos. Exigen el cumplimiento pleno de sus derechos, entre ellos: retorno seguro, voluntario y con garantías plenas; reubicación digna para quienes no pueden regresar; acceso a vivienda, salud, educación, trabajo y alimentación; reparación integral por los daños sufridos; justicia frente al despojo, la violencia y la impunidad; y fin a las difamaciones, criminalizaciones, hostigamientos, intimidaciones, amenazas, desalojos y represiones.

A 15 años del desplazamiento forzado, la situación de los indígenas desplazados triquis de Copala sigue siendo una herida abierta en el corazón de Oaxaca. Una herida que no se cura con reconocimientos, elogios, aplausos, leyes sin aplicación o foros internacionales, sino con acciones concretas, justicia real y voluntad política efectiva.

Los derechos humanos no deben utilizarse como bandera para obtener prestigio internacional, sino asumirse como una responsabilidad inaplazable frente a las víctimas. Solo entonces se podrá hablar de paz con dignidad y de justicia verdadera.