Morena persigue a los indígenas desplazados triquis de Copala y protege a sus ambulantes en Oaxaca

Después del violento desalojo del 2 de diciembre de 2022, los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala volvieron a quedar en el desamparo.

Esa madrugada, el gobierno de Salomón Jara Cruz y el ayuntamiento encabezado por Francisco Martínez Neri, ambos del partido Morena, ordenaron el operativo que los expulsó del zócalo de Oaxaca, destruyendo sus campamentos y arrebatándoles lo poco que tenían: sus artesanías, su trabajo, su esperanza y una parte de su identidad cultural.

Sin más que su fuerza y su dignidad, las familias desplazadas tuvieron que empezar de nuevo. Con el paso del tiempo, fueron elaborando otra vez sus tejidos, bordados y demás artesanías, con la esperanza de venderlos en el centro histórico. Pero el mismo gobierno que los desalojó también les cerró las calles y los persiguió.

Los inspectores municipales, bajo las órdenes de Martínez Neri, no les permitían vender. Les quitaban sus artesanías a la fuerza, las decomisaban sin devolverlas y los agredían con golpes, insultos, humillaciones y amenazas. La instrucción era clara: no permitir la venta a ningún desplazado triqui.

El ayuntamiento justificaba las acciones argumentando que no permitiría “comerciantes ambulantes” en el centro histórico, pero los operativos se aplicaban de manera selectiva y con tintes políticos.

En esos operativos participaban inspectores, policías municipales y estatales, y en los más grandes incluso la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. 

Su objetivo era retirar a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad y ejercer control político sobre el comercio informal.

Quienes se resistían eran detenidos y llevados al Juzgado Cívico, donde les imponían arrestos de 36 horas o multas excesivas.

A algunos, por defender su derecho a trabajar, se les fabricaban delitos ante la Fiscalía General del Estado, acusándolos de “resistencia de particulares” o “ataques a servidores públicos”. Todo servía como escarmiento y advertencia.

El municipio retiró a los vendedores ambulantes que no contaban con permiso y reacomodó únicamente a quienes sí lo tenían. Sin embargo, con el paso del tiempo, el centro histórico volvió a llenarse de puestos.

Esta vez, los espacios fueron ocupados principalmente por comerciantes vinculados a organizaciones afines a Morena, mientras que los demás, para poder seguir trabajando, tuvieron que afiliarse a grupos políticos cercanos al partido en el poder, convirtiendo así el derecho al trabajo en un privilegio condicionado por la lealtad política.

Francisco Martínez Neri fue particularmente duro y hostil con los desplazados triquis.

Desde 2010, distintos gobiernos municipales han mantenido una misma línea de persecución sistemática contra los campamentos triquis. 

En especial, contra el grupo encabezado por Lorena Merino Martínez, asentado en la calle Ricardo Flores Magón, donde las familias desplazadas vendían sus productos y resistían las agresiones constantes del gobierno municipal y estatal.

Ahí, las familias desplazadas fueron reprimidas, hostigadas y golpeadas en múltiples ocasiones, no solo por las autoridades estatales y municipales, sino también por comerciantes establecidos y locatarios del Mercado Benito Juárez Maza, integrantes de la Organización Benito Juárez, Artesanos, Locatarios y Comerciantes de Oaxaca (OBJALCO), presidida por Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez. 

Este grupo, señalado como una de las organizaciones más violentas del mercado, actuaba con total impunidad bajo la tolerancia de las autoridades municipales.

De todos los expresidentes municipales, el único que no reprimió ni decomisó las artesanías de los desplazados triquis fue Oswaldo García Jarquín, primer alcalde de Morena en Oaxaca de Juárez, de 2019 a 2021.

Durante su gestión, respetó los campamentos y no ordenó acciones en su contra. Con su salida, el acoso regresó con más fuerza bajo el mandato de Martínez Neri.

Hoy, bajo el gobierno de Raymundo Chagoya Villanueva, quien llegó al poder por el Partido Verde Ecologista de México y luego se incorporó a Morena, la situación ha empeorado.

Los inspectores actúan con mayor abuso y brutalidad contra los desplazados triquis y contra los vendedores ambulantes que no pertenecen a ninguna organización. En el centro histórico, solo pueden vender quienes se alinean con el partido en el poder.

Los desplazados, por mantenerse independientes, son reprimidos, marginados y despojados. Les decomisan sus artesanías, los hostigan y los amenazan constantemente.

Sin apoyo alimentario del gobierno estatal ni federal, las familias desplazadas sobreviven como pueden. 

Sin un espacio donde vender sus productos, sus ingresos desaparecen y la pobreza extrema se profundiza.

Las únicas ocasiones en que logran vender sus mercancías son durante las manifestaciones de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuando los maestros ocupan el zócalo y los inspectores desaparecen.

Solo entonces, el miedo cede un poco. Los desplazados pueden extender sus mantas de hule, mostrar sus bordados y recordar que su trabajo artesanal sigue siendo su única forma de resistencia.

En esos breves días, logran obtener algo de dinero para alimentar y sostener a sus familias.

Mientras el gobierno los invisibiliza, los desplazados triquis de Copala siguen resistiendo.

Siguen ahí, a la intemperie, soportando el calor, el frío, el hambre y la sed, refugiados bajo la solidaridad magisterial y el silencio cómplice de las autoridades que los despojaron una y otra vez.