Morena repite el negocio de ambulantaje y excluye a los indígenas desplazados triquis de Copala en Oaxaca

Cada temporada festiva o vacacional, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez repite una práctica tan vieja como injusta: llenar el Centro Histórico de carpas, puestos y comerciantes ambulantes, repartiendo los espacios entre las organizaciones con las que mantiene acuerdos políticos y económicos.

El resultado es visible: el Centro Histórico luce saturado de ambulantes, ocupando calles, banquetas, portales, parques, plazas y demás zonas estratégicas, mientras el gobierno municipal presume que prohíbe el comercio informal.

Días antes de cada evento importante, los líderes de las organizaciones de ambulantes acuden al municipio para negociar cuántos lugares recibirán. A cambio, pagan cuotas y sellan acuerdos que se renuevan año tras año.

Cuando llega la fecha, el Ayuntamiento reparte los espacios más codiciados, cobra a los beneficiarios y permite que los dirigentes impongan su propia tarifa adicional. 

Así, el comercio ambulante en Oaxaca se mantiene como un sistema de control político y económico, tolerado por las autoridades a cambio de lealtades.

En medio de ese panorama, los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala, víctimas de desplazamiento forzado desde hace más de una década, permanecen completamente excluidos.

Sin acceso a un solo espacio ni carpa, sobreviven vendiendo sus artesanías en condiciones precarias. 

Cuando intentan instalarse en la vía pública, enfrentan hostigamiento, decomisos y amenazas por parte de inspectores y policías municipales.

El gobierno estatal se deslinda diciendo que el tema compete al municipio, mientras el Ayuntamiento justifica la exclusión de los desplazados triquis, alegando que el comercio ambulante está prohibido.

Pero esa prohibición parece tener excepciones convenientes: cada temporada, el propio municipio autoriza, instala y cobra los espacios a las organizaciones de ambulantes afines al poder.

Ninguna administración municipal —sin importar el partido— ha otorgado espacios a los desplazados triquis. 

Ni siquiera los gobiernos de Morena, que se autoproclaman defensores del pueblo, han cumplido con su discurso de justicia social.

Por el contrario, han mantenido los mismos pactos y privilegios con los líderes de ambulantes, mientras niegan a los desplazados triquis el derecho elemental de trabajar para sobrevivir.

Con Raymundo Chagoya Villanueva, actual presidente municipal por Morena, la historia se repite.

El Centro Histórico de Oaxaca está lleno de carpas y puestos de comerciantes ambulantes, mientras los desplazados triquis siguen siendo perseguidos y excluidos. 

Inspectores municipales continúan decomisando sus artesanías, los humillan y los amenazan, en un contexto de total impunidad.

La exclusión de los desplazados no es solo un acto de discriminación: constituye una violación a los derechos humanos de un pueblo indígena protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Estos instrumentos obligan a las autoridades a garantizar la igualdad, la no discriminación y una protección especial a las comunidades indígenas. 

Sin embargo, en Oaxaca, los discursos oficiales del gobierno morenista, repiten frases sobre justicia social y transformación, mientras en la práctica se le da la espalda a los más pobres y vulnerables.

Mientras el Ayuntamiento se beneficia del cobro a cientos de comerciantes ambulantes y el turismo llena las calles, los verdaderos artesanos indígenas son perseguidos por vender.

En el corazón cultural de Oaxaca —donde se lucra con la imagen indígena para atraer visitantes—, los desplazados triquis siguen sin un lugar para trabajar, invisibles para los gobiernos que dicen gobernar en nombre del pueblo.