¿Por qué ya no protestan los indígenas desplazados triquis de Copala?

Los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala no han dejado de luchar porque su causa haya sido resuelta, sino porque protestar se ha vuelto un riesgo mortal. Han sido silenciados por la violencia, el hostigamiento, las amenazas y la represión sistemática del Estado mexicano. Su silencio actual no es rendición, es supervivencia.

Desde 2010, tras ser violentamente desplazados por grupos paramilitares, los triquis de Copala resistieron en el zócalo de Oaxaca. Ahí denunciaban la violencia, los asesinatos, las violaciones, el despojo, la indiferencia oficial, y exigían un retorno digno y seguro a su comunidad.

Durante más de una década, sus plantones indefinidos fueron una presencia incómoda para los gobiernos en turno. No solo exigían justicia; eran el testimonio vivo de un pueblo originario desplazado, despojado, ignorado, atacado, difamado y criminalizado por ejercer su derecho a la autonomía.

Todo cambió el 1 de diciembre de 2022, cuando Salomón Jara Cruz, de MORENA, asumió la gubernatura de Oaxaca.

Esa misma noche, en coordinación con el entonces presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri —también de MORENA—, ordenó un desalojo violento y nocturno contra los diversos grupos de desplazados triquis que mantenían sus plantones y su protesta pacífica en la calle Ricardo Flores Magón, los corredores del Palacio de Gobierno y el zócalo capitalino.

A la 1:30 de la madrugada del 2 de diciembre, policías estatales, agentes de investigación, funcionarios públicos de diversas dependencias, grupos de choque y personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ejecutaron un operativo planificado para borrar cualquier rastro de la protesta.

No fue solo un desalojo: fue una acción de Estado para callar y aniquilar políticamente al pueblo desplazado históricamente marginados.

En el operativo, Lorena Merino Martínez y Basilio Ramírez García, representantes de uno de los grupos de desplazados, fueron golpeados brutalmente. Basilio Ramírez quedó con secuelas físicas permanentes.

Todo ocurrió apenas unas horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantara la medida cautelar MC-197-10, que había otorgado una protección mínima a algunos de los desplazados, el 7 de octubre de 2010. El gobierno fue notificado de inmediato. Los triquis, no. El violento desalojo fue una emboscada legal y política.

Sus pertenencias —artesanías, documentos, ropa y demás bienes— fueron decomisadas, revueltas, destruidas, robadas y almacenadas sin orden en una bodega municipal abandonada, utilizando para sus retiros y traslados, 28 camiones de volteo. El mensaje fue claro: no solo los querían fuera, los querían borrados.

Cuatro días después, el 6 de diciembre, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre el violento desalojo de desplazados triquis del zócalo de Oaxaca. Quien respondió:

“Lo mejor es el diálogo, pero me llamó mucho la atención los tuits del padre Solalinde, de todas maneras, no tiene por qué haber represión y desalojos, eso tiene que ver con los conservadores, no con nosotros”.

Leyendo después los mensajes escritos por el padre Alejandro Solalinde —aliado cercano de la Cuarta Transformación— unas horas después del desalojo de desplazados triquis en su cuenta de Twitter, el 2 de diciembre. Los cuales, decían:

“Cuesta trabajo entender que un grupito, no un pueblo ni una etnia como la triqui, haya rechazado soluciones y acuerdos que ya habíamos construido, para optar por la extorsión y vivir del dinero de esas dádivas. El desalojo del gobernador Jara es una decisión de orden ya esperada.”

“Los hermanos triquis desalojados en la ciudad de Oaxaca han rechazado todas las soluciones. Yo mismo fui mediador en su conflicto y cuando habíamos llegado a una solución, la rechazaron sus asesores políticos que, por años, han vivido de esto. Quieren dinero, no solución.”

Después de leer dichas declaraciones, López Obrador, concluyó:

"Las afirmaciones de Solalinde son fuertes, pero también ya es momento de ventilar todo. Y esto no significa para nada, como aquí se dice, afectar a ninguna cultura, a ninguna etnia que merece todo nuestro respeto, pero sobre todo la gente".

Solalinde no hablaba del presente; se aferraba a su rol de mediador en el conflicto triqui del 2010 a 2012, cuando defendió más al gobierno de Gabino Cué Monteagudo y a los paramilitares, que a los propios desplazados triquis.

Su cercanía con figuras como Arturo Peimbert Calvo y el padre Wilfrido Mayrén, —alias “Padre UVI”—, lo ubica como parte de una red de sacerdotes que, bajo el discurso de ayuda humanitaria, ha legitimado la represión.

La postura oficial de AMLO, no solo estigmatizó y deslegitimó la lucha y las demandas de los indígenas desplazados triquis, sino que también contribuyó a justificar la violencia institucional, la represión, el desalojo, la injusticia y las violaciones de sus derechos humanos, usando la voz de un aliado cercano para silenciar y desacreditar a quienes exigen justicia, reubicación digna y retorno seguro. En lugar de asumir responsabilidad, se difamó y criminalizó la protesta indígena y se redujo a un “problema político menor”.

El violento desalojo ocurrió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No fue un error aislado ni un exceso de fuerza local: fue violencia institucional silenciada desde arriba, permitida —cuando no respaldada— por el propio presidente "humanista".

El mismo que se decía ser admirador y heredero de Benito Juárez. El que prometió gobernar con principios, “por el bien de todos”. El que juró poner "primero a los pobres" y defender a los pueblos originarios. El que se proclamó de izquierda, progresista, humanista, del pueblo y para el pueblo… pero frente al violento desalojo de indígenas desplazados triquis, eligió callar.

No condenó la represión. No cuestionó la criminalización de la protesta. No habló de justicia ni de derechos. No recibió a las víctimas. Nunca los escuchó. Nunca los atendió.

Al contrario, respaldó —sin decirlo abiertamente, pero con claridad suficiente— a los gobernantes morenistas que ordenaron el violento operativo que buscó borrar a los desplazados triquis del espacio público.

El desalojo se consumó no solo con el uso excesivo de la fuerza pública y el poder del Estado, sino con la indiferencia de un gobierno que prometió ser distinto, pero que ante el dolor indígena repitió la vieja receta: represión, omisión y olvido.

Pese al desalojo, los grupos de desplazados triquis volvieron a protestar ante el Palacio de Gobierno pero a finales de diciembre, el gobierno estatal —a través del Secretario de Gobierno, Jesús Romero López— les impuso acuerdos redactados a modo, que incluían la prohibición explícita de realizar nuevas protestas. Firmaron presionados, para permitir la celebración de la tradicional “Noche de Rábanos” del 23 de diciembre.

Ante el incumplimiento y el engaño, el grupo liderado por Lorena Merino Martínez retomó la protesta mediante una huelga de hambre frente al Palacio deGobierno. La respuesta fue, una vez más; la violencia.

El 28 de febrero de 2023, policías estatales y turísticos reprimieron, detuvieron y encarcelaron ilegalmente a Lorena Merino Martínez, Basilio Ramírez García, Agustín Ramírez García, Marcelina Merino Martínez, Basilia Cruz Merino y a una menor de edad.

Los mantuvieron 72 horas retenidos por supuestos delitos de resistencia de particulares, lesiones y ataques a servidores públicos, en los separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, hasta que fueron liberados el 2 de marzo por falta de pruebas.

Durante el operativo, sus mantas, cartulinas, megáfono, celulares y casas de campaña fueron destruidos y fueron robadas una cámara fotográfica y batería portátil por los policías. La represión fue precedida minutos antes por amenazas claras de los funcionarios del gobierno morenista: "si no se retiraban por las buenas, lo harían “por las malas”.

En la detención, Lorena Merino fue golpeada y esposada. Basilio Ramírez, fue nuevamente golpeado. 

Aún así, retomaron la protesta ante el Palacio de Gobierno, días después. Pero esta vez, la vigilancia, el hostigamiento y las amenazas del gobierno escalaron al punto de hacer insostenible la resistencia y la lucha. La represión no era ya un riesgo: era una certeza.

La represión contra los desplazados triquis no es nueva. Desde 2010 han enfrentado abandonos, traiciones, desprestigios y criminalizaciones, orquestados desde el Estado y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Funcionarios, medios de comunicación, líderes religiosos y hasta organismos "defensores" de derechos humanos, han participado en una estrategia deliberada para fragmentar su lucha y aislar su causa.

En agosto de 2013, un grupo de indígenas desplazados triquis liderados por Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores López —con apoyo del entonces ombudsman Arturo Peimbert Calvo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca—, desconoció a Lorena Merino como representante, abandonó el plantón y pactó con el gobierno a cambio de lujos, privilegios, cargos y dinero. Fue la clásica táctica del poder: dividir para debilitar, corromper para silenciar.

Desde 2010, los medios de comunicación han sido cómplices. Pocos informan con verdad. Muchos mienten, manipulan o simplemente callan por miedo, conveniencia o dinero. Algunos incluso cubren los hechos, graban entrevistas, toman fotos y videos… pero nunca publican nada. Otros difaman, criminalizan, desinforman o se alinean con el discurso gubernamental.

Lo más preocupante es que la represión ya no proviene de gobiernos conservadores, sino de uno que se autoproclama "gobierno indígena" de la autollamada “Primavera Oaxaqueña” y ser parte de la "Cuarta Transformación". Pero sus actos reflejan los mismos mecanismos de violencia institucional que decía combatir.

Hoy, con MORENA concentrando el poder político, mediático y judicial, protestar es más peligroso que nunca. La legitimidad electoral se ha convertido en un escudo de impunidad. Quien disiente es perseguido, detenido, encarcelado o silenciado. Y la mayoría, por miedo o afinidad política, prefiere callar.

El grupo de desplazados de Lorena Merino ya no protesta. No porque su causa haya sido atendida y solucionada, sino porque alzar la voz puede costar la libertad, la integridad física o la vida.

Su silencio no es derrota: es estrategia, resistencia y supervivencia en un contexto de represión y autoritarismo. Su dignidad no se ha rendido; incluso en silencio. Mientras no haya justicia, reparación, reubicación ni retorno, la herida sigue abierta y la lucha continúa.

El gobierno podrá reprimirlos, desalojarlos, invisibilizarlos, detenerlos y encarcelarlos, pero no podrá borrar la dignidad de quienes resisten, ni enterrar la verdad que incomoda.

Y cuando las condiciones lo exijan o la dignidad lo demande, pueden volver a las protestas, incluso sabiendo el riesgo, porque para quienes han perdido tanto, el miedo ya no paraliza, al contrario, moviliza, activa, inspira y los hace más fuertes.