Salomón Jara sin autoridad moral para resolver el conflicto triqui de Copala

Durante la conferencia de prensa matutina del 6 de octubre de 2025, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), declaró:

“...Se está trabajando, tenemos inversión pública, se está apoyando, no se les está abandonando en absoluto… voy a volver a ir, quiero volver a ir a trabajar con ellos y a seguir haciendo el llamado; nos duele mucho que haya enfrentamientos entre hermanos triquis y que haya derramamiento de sangre...”

Estas palabras fueron pronunciadas dos días después del asesinato de Alfredo Martínez González, de Agua Fría Copala, defensor de derechos humanos y activista del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). Su ejecución se dio en un contexto de violencia creciente en la zona triqui de Copala.

Martínez González fue asesinado junto a Francisca García Martínez, mientras que otras tres mujeres —Rafaela Flores Guzmán, Marcelina Martínez Bautista y Paulina Celestino— resultaron gravemente heridas. 

El ataque ocurrió a las 17:53 horas del 4 de octubre de 2025, cuando un grupo paramilitar emboscó su camioneta en la carretera federal Carrizal–Juxtlahuaca, a la altura del paraje “Cerro del Águila”, en la comunidad de Concepción Carrizal Copala.

La comitiva regresaba de un bloqueo en la comunidad de San José Xochixtlán, perteneciente al municipio de San Martín Itunyoso, en apoyo a militantes del MULTI. En el vehículo también viajaban menores de edad. Las personas heridas fueron trasladadas y hospitalizadas en Santiago Juxtlahuaca.

Frente a estos hechos, la pregunta es inevitable: ¿Con qué autoridad moral y política pretende Salomón Jara pacificar la zona triqui de Copala?. Su historial como gobernador no respalda sus declaraciones.

Apenas unas horas después de asumir la gubernatura, la madrugada del 2 de diciembre de 2022, Jara Cruz, en coordinación con el entonces presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri (también de MORENA), ordenó un operativo violento contra indígenas desplazados triquis de San Juan Copala que mantenían un plantón indefinido y pacífico en la calle Ricardo Flores Magón y el zócalo capitalino.

Durante el desalojo, policías de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) golpearon brutalmente a Lorena Merino Martínez y Basilio Ramírez García, representantes de uno de los grupos desplazados.

A los indígenas desplazados triquis les decomisaron y robaron sus artesanías y pertenencias, y destruyeron los espacios de resistencia que sostenían desde hacía años. También participaron grupos de choque, así como funcionarios estatales y municipales de diversas dependencias, incluida la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Este acto de represión ocurrió pocas horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retiró la medida cautelar MC-197-10, que emitió el 7 de octubre de 2010, a favor de una minoría parte de indígenas desplazados triquis de San Juan Copala.

Lejos de abrir un canal de diálogo y buscar una solución digna, el gobierno de Jara Cruz respondió con fuerza, desprecio y violencia institucional, usando todo el poder del Estado contra los indefensos y vulnerables grupos indígenas desplazados triquis de Copala.

El 28 de febrero de 2023, el mismo gobierno estatal, junto con la administración municipal, volvió a actuar con violencia contra los desplazados triquis. Esa vez, Lorena Merino Martínez, junto con varios activistas y militantes del grupo, fueron detenidos y encarcelados arbitrariamente, mientras protestaban de forma pacífica frente al Palacio de Gobierno.

Permanecieron detenidos hasta el 3 de marzo de 2023, recluidos en los separos de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO) de la Ciudad Judicial del municipio Reyes Mantecón, acusados de supuestos delitos como resistencia de particulares, ataques contra servidores públicos y lesiones. Fueron liberados por falta de pruebas ante las falsas acusaciones.

Este caso es una muestra más del patrón de criminalización, fabricación de delitos, autoritarismo y abuso de poder que ha caracterizado a esta administración.

A pesar de los discursos oficiales, lo que se observa en la zona triqui de Copala no es acompañamiento del Estado, sino abandono sistemático. El gobernador presume “inversiones públicas y trabajo con las comunidades”, pero los hechos lo contradicen abiertamente.

Las pocas intervenciones en algunas comunidades triquis se reducen a obras menores e inconclusas: techados escolares, pavimentaciones superficiales, redes eléctricas sin terminar, sistemas de agua mal ejecutados y algunas acciones del programa “La Escuela es Nuestra”. La mayoría de los apoyos que llegan a algunas de las comunidades no provienen del gobierno estatal, sino del federal.

Estas acciones no abordan la crisis estructural que atraviesa la región: pobreza extrema, marginación, desplazamientos forzados, violencia paramilitar e impunidad. La mayoría de las comunidades triquis siguen olvidadas, sin servicios básicos ni apoyo gubernamental real.

La violencia en la zona triqui de Copala tiene raíces profundas: décadas de omisión institucional, presencia de grupos paramilitares, intromisión de partidos políticos, intereses económicos, desplazamientos forzados y complicidad gubernamental.

Resolver este conflicto no es sencillo, pero tampoco imposible. Se requiere voluntad política genuina —no simulación—, un plan integral de atención, justicia y reparación; el desarme de grupos armados y paramilitares triquis; y un diálogo real con los pueblos y líderes triquis, no con figuras mestizas o fuereñas impuestas sin legitimidad frente a las organizaciones.

Mientras tanto, el gobierno de Salomón Jara parece más dispuesto a administrar la violencia que a erradicarla.

Si el gobernador no ha sido capaz de garantizar el retorno seguro, la atención integral ni la reubicación digna de los desplazados triquis de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala, ¿cómo pretende negociar con grupos paramilitares y armados que operan impunemente con armamento de uso exclusivo del Ejército?

Hasta ahora, Jara Cruz ha mostrado más interés en desprestigiar, criminalizar y reprimir, que en escuchar, atender y resolver las demandas sociales. Su gobierno ha sido más eficaz conteniendo las protestas sociales con represión, criminalización, difamación, intimidación y amenazas, que saldando las deudas históricas del Estado con el pueblo oaxaqueño.

Y aunque se asume como indígena, y algunos de sus funcionarios también lo hacen, esa identidad no ha implicado un compromiso real ni sensibilidad genuina. La indumentaria tradicional no basta para gobernar con justicia.

En diciembre de 2022, Jara Cruz, acompañado por Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno (SEGO), y otros funcionarios de su gabinete, visitó a las organizaciones triquis de la zona de Copala. Prometió apoyos, recursos y soluciones, pero todo se redujo a fotografías, promesas incumplidas y una nueva ronda de desilusión.

Oaxaca no necesita más discursos vacíos, ni gobiernos que utilicen la causa indígena como ornamento político. Necesita verdad, justicia y transformación profunda.

La zona triqui de Copala merece mucho más que obras mínimas y declaraciones mediáticas. Merece una paz construida con dignidad, memoria y participación real de sus comunidades y sus líderes legítimos. Y esa paz no llegará con operativos, detenciones arbitrarias, mañaneras ni conferencias de prensa. Llegará cuando el gobierno deje de simular y empiece a asumir su responsabilidad histórica.