Desplazados triquis de Copala sobreviven sin ayuda alimentaria mientras el Estado mexicano y la CIDH guardan silencio

Hace más de quince años, cientos de familias indígenas triquis fueron expulsadas violentamente de San Juan Copala por grupos paramilitares. Desde entonces, sobreviven en condiciones extremas, sin vivienda, empleo, alimentación, atención médica ni apoyo gubernamental.

Los recursos públicos destinados a garantizar su alimentación y subsistencia se perdieron en un laberinto de discrecionalidad, corrupción y silencios oficiales.

El 7 de octubre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la medida cautelar MC-197-10 a 135 habitantes de San Juan Copala, con la instrucción clara de que el Estado debía garantizar su vida, integridad y seguridad mientras no existieran condiciones para un retorno seguro. Con el paso de los años, la medida quedó convertida en letra muerta.

Durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la ayuda alimentaria se entregaba en dos modalidades: insumos semanales y despensas mensuales. Aunque insuficientes, representaban un alivio temporal.

Con la llegada de Alejandro Murat Hinojosa, los insumos semanales fueron reemplazados por cheques “para agilizar la entrega”, mientras las despensas continuaron en especie. 

Ambos tipos de apoyo fueron canalizados a los representantes de los beneficiarios y no directamente a las familias desplazadas, abriendo la puerta al manejo discrecional de recursos y al clientelismo político, transformando la ayuda humanitaria en instrumento de control, división interna y enriquecimiento personal.

Los cheques y despensas fueron entregados a los representantes: Reyna Martínez Flores, Braulio Hernández Hernández y Sergia Cepeda González. Además, Pilar Martínez Flores, Jesús Martínez Flores, Epifania Martínez Flores y María Juana Santiago, sin ser dirigentes, también recibieron estos apoyos como beneficiarios individuales.

Con esos recursos, las citadas personas compraron casas, terrenos, automóviles y demás propiedades, además de abrir cuentas bancarias, mientras las familias desplazadas sobrevivían vendiendo artesanías en el zócalo de Oaxaca.

La mala distribución de despensas y el acaparamiento de los cheques provocaron divisiones internas y la conformación de nuevos grupos de desplazados, incluso al interior de la familia Martínez Flores. 

Algunos representantes sí entregaban las despensas a quienes correspondían, como Lorena Merino, pero la ambición y el desvío de recursos de otros generaron conflictos y tensiones familiares, atraídos por los lujos y privilegios que implicaba la medida cautelar.

Los convenios de concertación firmados entre los representantes y el gobierno estatal reconocieron únicamente a quienes contaban con la medida cautelar. Las familias “sin medida” quedaron invisibles ante el Estado, sin acceso a ayuda alguna ni programas de asistencia.

Hasta la fecha, Reyna, Braulio, Sergia, Pilar, Jesús, Epifania y María Juana niegan haber recibido los cheques, pese a la documentación oficial que prueba la entrega, mientras el gobierno mantiene silencio absoluto, consolidando la indiferencia como política de Estado.

Entre todos, Lorena Merino Martínez fue la única representante que no recibió apoyo: las despensas nunca le fueron entregadas y los recursos que le correspondían fueron devueltos a la Federación. 

El gobierno actual sostiene que estos fondos —cheques de insumos semanales y despensas mensuales— “ya no le competen”, pues no fueron reclamados a tiempo.

Además, el Estado mexicano informó falsamente a la CIDH que el grupo de Lorena Merino había abandonado la casa albergue, justificando así la falta de entrega de apoyos durante el sexenio de Alejandro Murat. Esta falsedad quedó registrada en la Resolución 66/22 y permitió levantar la medida cautelar, a pesar de que las familias siguen viviendo en el albergue.

La misma resolución de la CIDH señaló que, durante los cinco años previos a 2022, los representantes no entregaron información nueva ni sustantiva sobre la situación de los desplazados. En la práctica, la medida cautelar quedó convertida en letra muerta.

Debido al desvío de los insumos y la falta de despensas, muchos desplazados sobrevivían vendiendo artesanías en el zócalo de Oaxaca, su principal sustento mientras aguardaban algún apoyo gubernamental.

En la madrugada del 2 de diciembre de 2022, fueron desalojados violentamente del zócalo por órdenes del gobernador Salomón Jara Cruz y del entonces presidente municipal Francisco Martínez Neri, ambos de Morena.

Lo que prometía ser una reubicación digna, un retorno seguro y justicia tras años de abandono, bajo un gobierno que se presenta como la Cuarta Transformación y la Primavera Oaxaqueña, humanista y cercano a los pueblos indígenas, se convirtió en un episodio de exclusión y violencia institucional, dejando a las familias sin su principal fuente de ingresos y profundizando su precariedad.

Este desalojo evidenció que la esperanza depositada en la administración morenista fue traicionada, mostrando que la ayuda a los desplazados sigue siendo mínima y meramente simbólica, limitada al pago de renta y electricidad de las casas albergue. 

Bajo el argumento de que “la medida cautelar ya no existe”, el gobierno ha restringido los apoyos a estos servicios básicos, mientras la CIDH nunca ordenó suspender la protección ni cerrar el caso.

En los hechos, fue el propio Estado quien interpretó el silencio como absolución y convirtió el abandono en política institucional.

A más de una década del desplazamiento forzado, los triquis de San Juan Copala continúan dispersos por Oaxaca, otras entidades del país y el extranjero. Muchos sobreviven gracias a la venta de artesanías o realizando trabajos informales, sin plan de reubicación digna, retorno seguro o reparación integral del daño.

El Estado mexicano ha incumplido sistemáticamente sus compromisos internacionales, actuando con la complicidad de funcionarios, intermediarios y representantes que convirtieron la tragedia en fuente de recursos, poder y enriquecimiento personal.

Hoy, los desplazados sobreviven sin acceso a vivienda, trabajo, alimentación, atención médica, educación, seguridad ni servicios básicos. 

La medida cautelar que alguna vez representó un respiro terminó convertida en un eco lejano, mientras el Estado mexicano y la CIDH guardan silencio. Ese silencio, como siempre, también es una forma de violencia.