Mientras Claudia Sheinbaum y Salomón Jara celebran a los indígenas mixes, los desplazados triquis de Copala siguen en el olvido

El 5 de noviembre de 2025, el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, del partido Morena, presentó ante los medios el retorno de 63 familias indígenas mixes de Guadalupe Victoria, municipio de San Juan Juquila Mixes, como un hecho “histórico”.

El evento contó con la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien calificó el proceso como un modelo de retorno “asistido, seguro y digno”.

Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también de Morena, celebró en su conferencia matutina el logro, destacándolo como ejemplo de que “el diálogo puede resolver los conflictos comunitarios”.

Mientras las cámaras registraban la celebración, los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala permanecen en desplazamiento forzado, muchos desde hace más de una década.

Su tragedia no figura en los discursos oficiales ni en los informes de gobierno, y sus casos son mucho más complejos: atraviesan violencia armada organizada por una agrupación política paramilitar que busca consolidar control territorial, económico y político, con presencia directa en gobiernos municipales, estatales y federales, así como vínculos con Morena.

El desplazamiento de los mixes se originó por un conflicto agrario con San Pedro Ocotepec. Aunque hubo episodios de violencia, no existieron actores armados permanentes ni estructuras político-paramilitares, lo que permitió una mediación institucional efectiva: diálogo comunitario, intervención del gobierno estatal, acompañamiento técnico de ACNUR y participación de organizaciones civiles.

El resultado fue un retorno planeado y seguro, con presencia de autoridades, ceremonias simbólicas y cobertura mediática, que se convirtió en vitrina internacional de la llamada “Primavera Oaxaqueña”.

Durante su gira de medios, Jara Cruz afirmó que otros países deberían “copiar el modelo mexicano” en materia de retorno de desplazados.

Sin embargo, el caso mixe no refleja la complejidad de la mayoría de los desplazamientos en Oaxaca, donde la violencia paramilitar y armada organizada, el control territorial y político, y la omisión gubernamental impiden soluciones efectivas. El retorno de Guadalupe Victoria es, en términos reales, la excepción que confirma la regla.

El caso triqui representa una de las heridas más profundas del México indígena, rural y olvidado. 

En 2010, las comunidades de San Juan Copala y San Miguel Copala fueron desplazadas por el mismo grupo paramilitar que buscaba consolidar control territorial, recursos públicos y poder político.

Los ataques dejaron decenas de asesinados, heridos y mujeres víctimas de violencia sexual, instaurando un clima de terror sistemático.

En 2020, Tierra Blanca Copala sufrió una nueva expulsión masiva: 144 familias abandonaron sus hogares tras un ataque armado del mismo grupo.

El grupo paramilitar no solo desplazó a las familias, sino que ocupó y se adueñó de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala, consolidando su control territorial, político y económico en la región.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) conocieron los hechos y emitieron medidas cautelares, exhortando al Estado mexicano a proteger la integridad y la vida de las víctimas.

Sin embargo, a la fecha, el cumplimiento sigue pendiente, y ni el gobierno estatal ni el federal han implementado las condiciones mínimas para garantizar un retorno seguro o una reubicación digna.

A diferencia del caso mixe, los desplazados triquis carecen de ceremonias oficiales, acompañamiento internacional y reconocimiento público.

Su existencia solo se recuerda cuando se movilizan, bloquean calles, realizan caravanas o protestan frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca y el Palacio Nacional, reclamando seguridad, justicia, reubicación digna y retorno seguro, enfrentando con frecuencia difamación, criminalización, detención, encarcelamiento y represión por parte de los gobiernos morenistas.

Las familias desplazadas triquis permanecen dispersas: algunas sobreviven en Oaxaca y en la Ciudad de México, mientras que otras se encuentran en distintas entidades federativas y en el extranjero.

Viven sin viviendas, sin empleo, sin atención médica, sin educación para sus hijos, sin ingresos económicos, sin espacios para vender sus artesanías y sin esperanzas de reubicación digna o retorno seguro.

Aunque la ACNUR ha acompañado la creación de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Oaxaca, la norma jurídica no se aplica plenamente, y casos históricos como el de los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala carecen de mecanismos efectivos de reparación y protección.

Las promesas de reubicación digna y retorno seguro se repiten cada sexenio, pero ninguna autoridad ha logrado ni priorizado su implementación, dejando a los desplazados triquis en una condición permanente de pobreza extrema, desprotección y abandono.

Mientras el gobierno presume los retornos posibles, los desplazados triquis siguen esperando que el Estado reconozca su tragedia.

La diferencia entre los mixes celebrados y los triquis olvidados no es jurídica ni humanitaria, sino política: el poder decide qué casos exhibir y cuáles mantener en silencio.

El acompañamiento internacional puede ser valioso, pero la credibilidad del Estado mexicano no se mide en ceremonias ni comunicados, sino en su capacidad real para garantizar justicia, reparación y seguridad a todas las víctimas, incluso —y sobre todo— a quienes no conviene mostrar.

Los desplazamientos forzados internos en Oaxaca no son hechos aislados, sino un reflejo de la violencia estructural que atraviesa al Estado mexicano.

Mientras unos regresan entre discursos y cámaras, otros siguen viviendo en el olvido, la precariedad, la inseguridad y la desatención gubernamental.

La verdadera distancia entre el discurso humanitario y la justicia se mide por la capacidad del Estado mexicano para proteger a todos por igual, no solo a quienes le resultan políticamente convenientes.