Oaxaca no es ejemplo mundial de retorno seguro: el abandono prolongado de los desplazados triquis de Copala

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, del partido Morena, publicó el 8 de noviembre de 2025 en Milenio que el retorno de personas desplazadas en el Estado constituye un “ejemplo mundial” de retorno seguro.

Sin embargo, la situación de los indígenas desplazados triquis de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala muestra una realidad muy distinta, donde la retórica oficial choca con más de una década de abandono, precariedad y violencia estructural.

Más de quince años después de los primeros desplazamientos masivos, cientos de familias triquis permanecen dispersas en distintas partes de Oaxaca, Ciudad de México, en otras entidades del país y el extranjero.

Muchas sobreviven en condiciones precarias, sin acceso garantizado a vivienda, alimentos, trabajo, atención médica, educación, seguridad ni mecanismos efectivos de reparación.

Las promesas de reubicación ofrecidas por las autoridades han resultado insuficientes, parciales y, en varios casos, han ignorado el derecho al retorno que protege el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Mientras tanto, el gobierno morenista ha promovido el retorno de algunos indígenas desplazados mixes como una “vitrina internacional”, mostrando ante organismos internacionales y medios de comunicación logros que contrastan fuertemente con la experiencia de los desplazados triquis.

Esta disparidad evidencia un patrón preocupante: el uso político y mediático de ciertos desplazados para construir narrativas de éxito, mientras otros permanecen marginados y expuestos a riesgos constantes.

Organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales y nacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), han documentado hostigamiento, represiones, amenazas a la integridad personal, la vida y la ausencia de protección efectiva para los desplazados triquis, quienes enfrentan la incertidumbre de no saber si algún día podrán regresar a sus comunidades en condiciones seguras.

La brecha entre la narrativa oficial y la experiencia real subraya la existencia de un doble estándar en la atención a personas desplazadas en Oaxaca.

La administración estatal parece priorizar la percepción internacional sobre la solución integral de los problemas estructurales que causan el desplazamiento: violencia, conflictos comunitarios y despojo territorial.

Hasta que el gobierno garantice equidad, transparencia, acceso a apoyos y respeto pleno a los derechos de todos los desplazados, cualquier afirmación sobre un “retorno seguro” seguirá siendo retórica y no reflejará la realidad de cientos de familias triquis que permanecen en el olvido.

Oaxaca, lejos de ser un ejemplo mundial, evidencia la urgencia de políticas públicas efectivas, integrales y equitativas, que reconozcan y reparen el daño histórico a los triquis, y que realmente garanticen seguridad y dignidad a todas las personas desplazadas en el Estado de Oaxaca.