Se derrumba el blindaje de Salomón Jara para la revocación de mandato

La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó los intentos del Congreso de Oaxaca de proteger a Salomón Jara frente a la revocación de mandato.

Al invalidar parcialmente la reforma del 9 de septiembre de 2025, el tribunal recordó que las legislaturas locales no pueden legislar más allá de lo que permite la Constitución y subrayó la obligación de garantizar derechos fundamentales como la democracia directa.

La reforma imponía requisitos adicionales no previstos, como reunir el apoyo del 10% de la lista nominal en cada municipio, dificultando alcanzar el umbral estatal y funcionando como un freno al derecho ciudadano. 

La Corte declaró inconstitucionales estas condiciones por limitar injustamente la participación democrática.

También invalidó la reducción de plazos para solicitar la revocación y emitir la convocatoria, que pasaban de tres meses a uno y de noventa a treinta días, respectivamente, al restringir la organización ciudadana. 

Ordenó restablecer los plazos originales, devolviendo a la ciudadanía condiciones mínimas para ejercer su derecho.

Otros artículos de la reforma, como los procedimientos de recolección de firmas y organización electoral, permanecen válidos, pues no afectan derechos ni contradicen lineamientos federales. 

Sin embargo, los puntos anulados demuestran que cualquier intento de “blindaje” del gobernador queda frustrado, y que Congreso e Instituto Estatal Electoral deben aplicar el marco constitucional original.

Políticamente, la decisión es un revés para Salomón Jara, al evidenciar intentos de asegurar su permanencia y limitar la influencia ciudadana en un proceso clave de rendición de cuentas. 

Legalmente, establece un precedente: las legislaturas estatales no pueden restringir derechos fundamentales ni añadir obstáculos a la participación directa.

El caso refleja la tensión entre autoridades y ciudadanía. La revocación de mandato requiere condiciones equitativas que permitan organizarse, recolectar apoyos y presentar solicitudes válidas. 

La Corte asegura que este derecho no quede subordinado a intereses políticos, garantizando transparencia y legitimidad.

El fallo restablece condiciones justas en Oaxaca y envía un mensaje sobre la protección de derechos democráticos y la imposibilidad de legislar en favor de intereses particulares. 

La ciudadanía recupera herramientas efectivas para decidir sobre la permanencia del gobernador, reforzando la relevancia política y social de la participación directa.