Claudia Sheinbaum y la criminalización de la crítica en redes sociales

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de Morena sobre una posible investigación a cuentas en redes sociales que presuntamente atacan a su gobierno marca un punto de inflexión delicado para la democracia mexicana. 

Bajo el argumento de combatir “campañas sucias” y el uso de bots, el poder Ejecutivo se asoma peligrosamente a un terreno donde la crítica política puede ser tratada como sospecha y la disidencia como amenaza.

El problema no es la existencia de bots —fenómeno real y documentado en procesos políticos de todo el mundo—, sino quién define qué es un bot y qué es una voz incómoda. 

Cuando es el propio gobierno el que señala tendencias, narrativas y cuentas críticas como posibles operaciones ilegítimas, el riesgo de abuso se vuelve inmediato. 

La historia latinoamericana muestra que la persecución no suele comenzar con periodistas o activistas visibles, sino con categorías difusas: “cuentas falsas”, “intereses ocultos”, “financiamiento irregular”.

El gobierno de la llamada Cuarta Transformación llegó al poder denunciando la censura, el espionaje y la criminalización de la protesta. 

Hoy, desde el poder, se ensaya un discurso que normaliza la idea de investigar a quienes cuestionan al régimen morenista. 

Que esa narrativa surja de un proyecto político encabezado por Morena resulta aún más contradictorio: el movimiento que hizo de las redes sociales su principal herramienta de oposición ahora desconfía de ellas cuando dejan de ser favorables.

Más grave aún es el mensaje político implícito: criticar al gobierno puede tener consecuencias. Aunque no exista —por ahora— una orden judicial, sanción administrativa o carpeta de investigación formal, el solo anuncio desde la tribuna presidencial funciona como advertencia. 

En un país con antecedentes de persecución política, eso no es un gesto menor.

Si el gobierno de Sheinbaum Pardo quiere demostrar compromiso democrático, el camino no es la sospecha generalizada ni la vigilancia del discurso público. 

La legitimidad se sostiene con resultados, transparencia y tolerancia a la crítica, no con la tentación de mapear enemigos digitales. 

Porque cuando el poder empieza a investigar opiniones, deja de combatir bots y comienza a erosionar derechos. Y esa frontera, una vez cruzada, rara vez se corrige.