El hartazgo social lleva a Oaxaca a la revocación de mandato

La revocación de mandato que se celebrará en Oaxaca en enero de 2026, no surge en el vacío ni responde únicamente a un mecanismo de democracia participativa previsto en la ley. 

Es la expresión de un malestar social acumulado frente al gobierno de Salomón Jara Cruz de Morena, que para amplios sectores de la población no ha logrado traducir el discurso del cambio en mejoras concretas en la vida cotidiana.

A más de tres años del inicio de la administración que se autodenominó la "Primavera Oaxaqueña", el Estado continúa arrastrando los mismos problemas estructurales de siempre: pobreza persistente, inseguridad en expansión, servicios de salud colapsados y una obra pública que no guarda proporción con los recursos ejercidos. 

La narrativa oficial insiste en avances alineados con la "Cuarta Transformación", pero en el territorio la percepción es otra: el dinero público no se refleja en resultados visibles.

En este contexto, la revocación de mandato deja de ser un simple ejercicio institucional y se convierte en una válvula de escape democrática. 

No se trata solo de evaluar a un gobernador, sino de enviar un mensaje político claro: la paciencia social tiene límites. 

Cuando la distancia entre gobierno y ciudadanía se amplía, el voto deja de ser una ratificación y se transforma en un reclamo.

El acuerdo entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para organizar la jornada del 25 de enero de 2026, dota al proceso de formalidad legal.

Sin embargo, la discusión de fondo no es técnica, sino política y social. 

La pregunta central no es únicamente si Salomón Jara continuará o no en el cargo, sino por qué una parte significativa de la población considera necesario someterlo a este juicio anticipado.

Reducir la revocación a una disputa partidista o a una estrategia de legitimación del poder resulta insuficiente. 

El descontento no nace en las élites, sino en hospitales sin medicinas, carreteras inconclusas, comunidades abandonadas y en la percepción de nepotismo y uso patrimonial del poder, mientras la inseguridad avanza sin respuestas eficaces.

En Oaxaca, el desgaste no es ideológico: es cotidiano. El verdadero reto del proceso será la participación. 

Una alta afluencia convertiría la revocación en un mensaje político incómodo para el poder; una baja participación no borrará el desgaste, solo lo administrará. 

La legitimidad no se decreta ni se hereda: se construye con resultados.

En Oaxaca, la consulta no responde a una moda democrática ni a un cálculo electoral. 

Es la reacción de una sociedad que, cuando un gobierno no convence, busca hacerse escuchar donde aún tiene voz: en las urnas.