Ernestina Godoy, la fiscal impuesta por Claudia Sheimbaum y el régimen morenista

Sin sorpresas, el pleno del Senado de la República ratificó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República, en sustitución de Alejandro Gertz Manero. 

Su elección, para un periodo de nueve años, la convierte en la primera mujer fiscal general en México, aunque ese dato histórico no logra disipar las dudas sobre el origen político del nombramiento.

Más allá de la votación holgada, la llegada de Godoy Ramos no fue resultado de una discusión abierta ni de una deliberación genuina en el Senado. 

En los hechos, su nombramiento ya estaba decidido desde el poder político, con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la mayoría de Morena, mucho antes de que se activara el procedimiento constitucional. 

La votación plenaria no resolvió una competencia real: solo confirmó un desenlace anunciado.

El proceso legislativo no modificó el resultado, únicamente lo legitimó en términos formales. 

Las ternas, comparecencias y discursos sobre autonomía funcionaron como escenografía institucional para dar cobertura legal a una decisión previamente tomada. 

En ese sentido, el régimen morenista recurrió a un guion conocido en la política mexicana: simular pluralidad para ocultar la imposición.

Lo más significativo es que esta práctica reproduce los mismos mecanismos que Morena prometió desterrar. 

El camino seguido recuerda al método del llamado PRIAN: acuerdos cupulares, votaciones predecibles y un Congreso reducido a oficialía de partes. 

Cambiaron los discursos y los actores, pero no la lógica del ejercicio del poder.

La paradoja es evidente. Mientras el oficialismo se presenta como ruptura con el pasado, en la práctica administra las mismas inercias: concentración de decisiones, disciplina de bloque y desprecio por la deliberación real. 

En ese contexto, la Fiscalía —encargada de investigar incluso al propio poder político— nace con una autonomía cuestionada desde su origen.

No se trata solo de un nombramiento, sino de un síntoma político. 

Cuando un proyecto que se asume transformador termina recurriendo a los mismos atajos que antes denunciaba, el problema deja de ser el pasado que critica y se convierte en el presente que construye.