La tragedia que exhibe el fracaso del gobierno de Oaxaca

El 24 de febrero de 2026, Oaxaca despertó con una noticia devastadora: dos niñas de origen haitiano murieron dentro del Centro de Tránsito “Casa Pato”, albergue operado por el DIF estatal.

Las menores, bajo resguardo oficial junto a su madre, fallecieron tras caer en una fosa séptica o cisterna dentro de las instalaciones. Un espacio destinado a protegerlas terminó siendo el lugar de su muerte.

El gobierno encabezado por Salomón Jara Cruz reaccionó anunciando una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y la separación de funcionarios del DIF. En lo administrativo hubo rapidez. Pero el problema no es la velocidad, sino la profundidad de la respuesta.

La existencia de una fosa sin protección adecuada en un albergue infantil no es un detalle menor: revela fallas estructurales de supervisión, mantenimiento e inspección. 

No basta con señalar a quien descuidó un área; es indispensable preguntarse qué protocolos existían, quién certificaba la seguridad del inmueble y con qué frecuencia se revisaban las condiciones físicas.

El DIF no es una oficina decorativa. Es la institución encargada de la protección integral de niñas, niños y adolescentes, especialmente de los más vulnerables. Cuando dos menores mueren bajo su custodia, la responsabilidad no puede diluirse en mandos intermedios.

Separar a directoras puede facilitar investigaciones, pero no agota el debate sobre la responsabilidad política. En cualquier sistema democrático, la rendición de cuentas no se limita al ámbito penal; también implica responsabilidad ética cuando falla la estructura institucional.

La presidencia honoraria del DIF, aunque no ejerza control operativo diario, forma parte de la conducción pública del organismo. Por ello, la discusión sobre su papel es política antes que jurídica.

Además, la condición migrante de las víctimas añade una dimensión de derechos humanos. El Estado no solo falló en la protección inmediata, sino que puso en duda su capacidad para garantizar estándares mínimos de seguridad en espacios bajo su control.

Si todo se reduce a deslindar culpas individuales sin auditorías, diagnósticos y reformas reales en los albergues, la señal será clara: se contuvo la crisis mediática, pero no el problema estructural.

La verdadera prueba no está en los ceses anunciados, sino en las transformaciones que sigan. Porque cuando niñas mueren bajo custodia oficial, no basta con administrar el daño político: es obligación evitar que el Estado vuelva a fallar de manera tan dolorosa.