Revocar es un espejismo en Oaxaca

El reciente show mediático alrededor de la revocación de mandato de Salomón Jara Cruz y el conflicto con la alcaldesa Italivy Sarahí Juárez Ramírez en San Agustín Amatengo deja varias conclusiones inquietantes sobre la democracia en Oaxaca. 

A primera vista, la revocación de mandato se presenta como un principio sencillo: “el pueblo pone y el pueblo quita”. En la práctica, la realidad es muy distinta.

El caso de Salomón Jara demuestra que la existencia de la figura legal no garantiza resultados. Aunque un sector importante de la ciudadanía solicitó su revocación, la participación exigida por la ley —el 40% del padrón electoral— no se alcanzó, y la mayoría requerida para removerlo tampoco. 

La revocación se llevó a cabo en forma, pero el resultado fue simbólico: Jara permanece en el cargo. El mensaje es claro: aunque la ley contemple la posibilidad de remover a un gobernador, las barreras legales lo hacen prácticamente imposible.

El episodio de San Agustín Amatengo agrava aún más esta percepción. La retención de la presidenta municipal por pobladores desesperados evidencia un hartazgo social ante la incapacidad del sistema formal de responder a sus demandas. 

La revocación nunca llegó a concretarse legalmente; el Congreso no aprobó el procedimiento. Mientras tanto, 30 personas fueron detenidas, sin importar su género, por participar en la protesta. La respuesta del Estado no fue debatir la eficacia de la revocación ni atender el fondo del conflicto, sino ejercer la fuerza para restablecer el orden.

Ambos casos revelan un patrón: la revocación de mandato en Oaxaca es un instrumento con apariencia de democracia, pero cargado de obstáculos que protegen a los funcionarios electos. Requisitos de participación mínima, validación legislativa y mayorías estrictas funcionan como un blindaje invisible que convierte la promesa de “el pueblo quita” en una ilusión. 

Mientras tanto, la frustración ciudadana encuentra vías extra-legales que solo terminan en detenciones y criminalización, sin que se aborde la raíz del descontento.

En suma, la revocación de mandato en Oaxaca refleja una paradoja: existe formalmente como un derecho ciudadano, pero su diseño legal y político lo hace prácticamente inoperante. 

Los casos recientes no son incidentes aislados, sino síntomas de un sistema que privilegia la estabilidad de los funcionarios sobre la voluntad popular. Hasta que esta brecha no se cierre, la promesa de “revocar” seguirá siendo un ejercicio simbólico más que un verdadero mecanismo de rendición de cuentas.