San Agustín Amatengo exige revocación de mandato y recibe represión de Morena

Lo ocurrido en San Agustín Amatengo, Oaxaca, no es un episodio aislado ni un simple conflicto municipal: es el síntoma de una fractura profunda entre instituciones y ciudadanía.

Cuando habitantes solicitan la revocación de mandato de la presidenta municipal —Italivy Sarahí Juárez Ramírez, del PT— lo hacen usando un mecanismo pensado para corregir abusos, omisiones o desgobierno. 

No es un capricho: es una válvula democrática, la promesa de que el poder no es intocable.

Sin embargo, el 24 de febrero de 2026, el Congreso de Oaxaca rechazó la solicitud con 21 votos contra 8. La mayoría legislativa —dominada por Morena y aliados— cerró filas, enviando un mensaje claro: se protege a los propios.

Si la revocación depende de mayorías partidistas y no de hechos, deja de ser un derecho ciudadano y se convierte en simulación. Un mecanismo constitucional que empodera al pueblo en el discurso, pero se congela según conveniencia política.

La indignación escaló hasta la retención de la alcaldesa dentro del recinto legislativo y un operativo policial que derivó en varias detenciones. 

Aquí el conflicto se transforma en crisis institucional: cuando la vía legal se percibe cerrada, la protesta se radicaliza, y cuando se radicaliza, el Estado responde con fuerza pública.

¿Quién gana? Nadie. Pierde la legalidad, la credibilidad del Congreso y la narrativa de rendición de cuentas. Morena enfrenta una contradicción: ¿la revocación es para todos o solo para adversarios?, ¿Principio o estrategia?.

No se juzga culpabilidades sin sentencia, sino coherencia democrática. Las acusaciones formales deben investigarse con transparencia, y la inconformidad social atenderse políticamente. Blindar autoridades con mayorías puede ser legal, pero no necesariamente legítimo ante la opinión pública.

San Agustín Amatengo expone la distancia entre discurso y práctica: entre “el pueblo pone y quita” y la realidad de que el Congreso decide. 

Cuando la justicia institucional se percibe inaccesible, la calle se convierte en tribunal. La revocación de mandato no puede ser letra muerta: o funciona como control ciudadano o genera desconfianza.