Ambulantes denuncian cobros ilegales de inspectores de Raymundo Chagoya de Morena

En Oaxaca de Juárez, comerciantes ambulantes y artesanos han denunciado y documentado una práctica que retrata la corrupción cotidiana: inspectores municipales que cobran 50 pesos con recibo, pero exigen además 200 pesos en efectivo sin comprobante.

Lo más grave no es solo la acusación, sino el silencio institucional que la ha acompañado. 

El gobierno municipal encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva de Morena, enfrenta así un problema que va más allá de simples irregularidades administrativas. 

Los hechos confirmados evidencian que no se trata de casos aislados, sino de un sistema tolerado en el que la autoridad encargada de regular el comercio ha terminado utilizándolo como fuente de ingresos paralelos.

Para una administración que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera, este tipo de prácticas representa un golpe directo a su credibilidad. 

La llamada "Cuarta Transformación" prometió erradicar las prácticas del viejo régimen: moches, cobros extraoficiales y abuso de poder. 

Sin embargo, en las calles de Oaxaca, esas promesas chocan con una realidad que reproduce los mismos vicios que se juró eliminar. 

El problema resulta aún más indignante cuando afecta a ambulantes y artesanos provenientes de comunidades indígenas, quienes, aun teniendo permisos en regla, son obligados a pagar para poder trabajar. 

Esta situación no solo evidencia corrupción, sino también una relación profundamente desigual entre la autoridad y los sectores más vulnerables, que dependen de la venta diaria para subsistir y difícilmente pueden enfrentar a inspectores respaldados por el aparato municipal.

La corrupción de bajo monto suele ser minimizada por los gobiernos, pero es la que más erosiona la confianza ciudadana. 

Cada cobro ilegal de 200 pesos no solo constituye un posible delito, sino una prueba de que los controles internos fallan o simplemente no se aplican. 

Cuando las denuncias se acumulan sin sanciones visibles, la responsabilidad deja de recaer únicamente en los inspectores y alcanza a toda la cadena de mando que permite que estas prácticas continúen. 

La omisión institucional se convierte entonces en una forma de complicidad.

En una ciudad donde la economía informal sostiene a miles de familias, permitir estos abusos no es solo una falta administrativa: es un problema político que desgasta la legitimidad de un gobierno que se presenta como transformador, pero que en la práctica permite que la corrupción siga operando a ras de suelo.