Cuñado de Jesús Romero López atropella a motociclista y busca impunidad

José Alejandro Martínez y Alavez, cuñado del Secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, protagonizó en la noche del 24 de marzo de 2026, un accidente vial en la carretera internacional 190, a la altura de Brenamiel, dejando a un motociclista con fracturas expuestas y generando la indignación de vecinos que casi lo linchan.

Según testigos, José Alejandro Martínez conducía en evidente estado de ebriedad un Honda con placas PEC-28-30 del Estado de México cuando embistió a Randy Jonathan Zafra Burguete, arrastrándolo varios metros. 

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital —algunas versiones indican el Hospital Civil, mientras otras mencionan el Hospital Reforma— donde requirió varias intervenciones quirúrgicas.

Tras el choque, el presunto responsable intentó huir. Vecinos lo retuvieron y, ante la tardía llegada de la policía, familiares del detenido, incluido el suegro del Secretario de Gobierno, alteraron la escena moviendo los vehículos, según relatan testigos. 

La Policía Vial Municipal sólo pudo detener a José Alejandro para protegerlo de la turba.

José Alejandro Martínez y Alavez es esposo de Monserrat Alejandra Romero López, Coordinadora de Enlace Municipal del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO) y hermana del responsable de la política interna del gobernador Salomón Jara Cruz, del partido Morena. 

La familia del motociclista teme que esta cercanía política influya en el proceso y permita que no cubra los gastos médicos ni asuma responsabilidades.

El detenido ha sido señalado como beneficiario de contratos gubernamentales a través del grupo GNC Consulting y de Océano Azul Entertainment, cuya representante legal es Patricia Cristina Alavez Albarrán, suegra del Secretario de Gobierno. 

Esto ha generado cuestionamientos sobre presunto nepotismo y tráfico de influencias en la administración estatal morenista.

El caso evidencia un nuevo episodio de presunta protección política en el gobierno de Morena en Oaxaca, mientras la víctima lucha por su recuperación y la sociedad observa si la justicia actuará con transparencia y sin favoritismos.



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