Gobierno de Oaxaca protege a la edil acusada y castiga al pueblo de San Agustín Amatengo

El mensaje fue contundente: el 28 de febrero de 2026, veinticuatro personas (13 mujeres y 11 hombres) fueron detenidas y encarceladas bajo los cargos de privación ilegal de libertad y violencia política de género, mientras el gobierno de Oaxaca de Morena, reafirma su respaldo institucional a Italivy Sarahí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo, del Partido del Trabajo (PT).

El 2 de marzo de 2026, Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno, publicó en su Facebook: 

“Saludé a la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, con quien mantengo el diálogo para construir una salida política y pacífica que permita resolver el conflicto en su municipio. Reconozco su disposición y voluntad para privilegiar el entendimiento y garantizar que las y los habitantes vivan en un clima de paz y gobernabilidad.” 

Habló de “salida política”, “paz” y “gobernabilidad” pero la realidad es otra: la crisis terminó judicializada y con ciudadanos enfrentando acusaciones graves.

Nadie puede justificar la privación ilegal de la libertad si ocurrió. La ley debe aplicarse, pero cuando la respuesta del Estado es inmediata y contundente contra la comunidad, y al mismo tiempo es políticamente protectora con la autoridad señalada, surge una pregunta inevitable: ¿justicia o escarmiento?

El delito de privación ilegal de libertad implica penas severas. La violencia política de género es una figura diseñada para proteger derechos fundamentales, no para convertirse en blindaje automático frente a cualquier conflicto político donde la autoridad sea mujer. Si se usa sin rigor probatorio, se desvirtúa y se politiza.

El problema de fondo no es solo penal, es político: ¿hubo auditorías o revisión pública de las denuncias contra el ayuntamiento?. ¿Se escuchó a la comunidad antes del operativo?. ¿Se garantizó un debido proceso sin presiones ejemplarizantes?.

Cuando el régimen responde con fuerza penal ante un conflicto social y, al mismo tiempo, presume diálogo solo con la autoridad municipal, el mensaje es de alineación de poder, no de imparcialidad.

La gobernabilidad no puede sostenerse encarcelando inconformes. La paz no se construye con miedo a procesos judiciales. La legalidad pierde legitimidad cuando parece selectiva.

Si hay delitos, que se prueben en tribunales. Si hay corrupción o abusos, que se investiguen también. Pero si la ley solo cae sobre un lado del conflicto, la justicia deja de ser justicia y se convierte en instrumento político.

Oaxaca merece instituciones que medien, no que tomen partido. Porque cuando el poder se blinda y la comunidad paga, la crisis ya no es municipal: es estructural. Y eso no se resuelve con comunicados, sino con verdad y rendición de cuentas.