Nueva Ley de Expropiación en Oaxaca reduce plazos de defensa y amplía facultades del Estado

El 25 de marzo de 2026, el Congreso de Oaxaca aprobó la nueva Ley de Expropiación impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz de Morena, una legislación que ha encendido alarmas entre juristas, organizaciones civiles y ciudadanos por ampliar las facultades del Estado para ocupar propiedades privadas de manera inmediata.

Bajo el argumento de modernizar una ley con más de siete décadas de antigüedad y agilizar obras públicas, el gobierno estatal creó una figura de “ocupación urgente” que permite a las autoridades tomar posesión de un inmueble antes de que exista una sentencia definitiva y antes de que el propietario pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia.

En un Estado de derecho, primero se escucha al ciudadano y después se decide. La legislación oaxaqueña invierte esa lógica: el gobierno puede ocupar el terreno, iniciar obras y posteriormente litigar la legalidad de la expropiación. Para cuando el ciudadano gane —si es que gana—, la propiedad puede estar demolida y la obra terminada.

La ley establece plazos administrativos extremadamente cortos para responder a la declaratoria inicial, lo que en la práctica deja a muchos propietarios sin capacidad real de defensa. En apenas cinco días hábiles, una persona debe conseguir abogado, analizar el expediente y presentar argumentos técnicos frente a la maquinaria jurídica del Estado.

Además, la indemnización queda en manos de instancias gubernamentales que determinan el valor del inmueble y pueden diferir el pago durante años. Esto significa que una familia puede perder su vivienda hoy y recibir el dinero cuando el valor real de su patrimonio ya haya sido erosionado por la inflación.

La reforma no elimina formalmente los derechos del propietario, pero los vuelve posteriores y, en muchos casos, inútiles en la práctica. Una vez iniciada la obra pública, revertir la expropiación se vuelve prácticamente imposible.