CURP biométrica: el proyecto de Morena que expone la fragilidad del Estado

El debate sobre la llamada CURP biométrica no es un asunto técnico menor. Es una discusión sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la recopilación de datos personales de la población y qué garantías existen para evitar abusos.

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y respaldado por Morena impulsa la idea de centralizar información biométrica como huellas, rostro o incluso iris. El argumento oficial es conocido: modernización, eficiencia administrativa y combate a delitos como la suplantación de identidad.

Pero el problema no está en el discurso, sino en la realidad institucional del país.

México no es un Estado con sistemas sólidos de protección de datos ni con historial confiable de resguardo de información sensible. Ya existen antecedentes de filtraciones de padrones, bases de datos gubernamentales expuestas y registros utilizados de forma indebida. En ese contexto, concentrar datos biométricos no es un avance neutral: es un riesgo amplificado.

Se suele argumentar que este tipo de sistemas “funciona” en otros países. Sin embargo, incluso en naciones con mayor capacidad institucional, la evidencia no es concluyente. Tener más datos no ha eliminado la delincuencia ni ha debilitado al crimen organizado. Porque el problema no es la falta de identificación ciudadana, sino la impunidad, la corrupción y la debilidad de las instituciones de justicia.

Además, hay un punto clave que rara vez se discute con honestidad: los sistemas de este tipo no atrapan criminales organizados. En la práctica, quienes operan fuera de la ley no se registran voluntariamente. En cambio, quienes sí quedan plenamente expuestos son los ciudadanos comunes, que sí cumplen con los trámites.

Esto genera una asimetría evidente: más vigilancia para la población general, sin un impacto proporcional en la seguridad real.

Tampoco es un debate nuevo ni exclusivo de un partido. Administraciones del PRI y del PAN ya impulsaron o intentaron esquemas similares de registro e identificación biométrica. La diferencia hoy es el alcance potencial y la centralización que se plantea.

El riesgo de fondo no es una teoría de conspiración: es estructural. Cuando un Estado concentra datos sensibles sin contrapesos independientes, auditorías reales y sanciones efectivas por abuso, el problema no es quién gobierna hoy, sino qué puede hacerse con esa información mañana.

La pregunta central no debería ser si la tecnología es moderna, sino si el país tiene la capacidad institucional para evitar que se convierta en una herramienta de control, filtración o uso político.

Porque una base de datos biométrica no es solo un registro: es poder concentrado sobre la identidad de millones de personas.