Despiden a Julissa Contreras tras protestar en Puebla: la contradicción de Morena

El 11 de abril de 2026, en San José Chiapa, ocurrió algo más que una protesta. 

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, ciudadanos se manifestaron contra una recicladora presentada como parte de los llamados "Polos de Bienestar". Entre ellos estaba Julissa Contreras Zúñiga.

Cuatro días después, ya no tenía trabajo en el Poder Judicial del Estado de Puebla.

La secuencia es brutal: protesta el 11, presión para renunciar el 13, y despido el 15 de abril.

No hay investigación pública, no hay explicación detallada, no hay transparencia. Solo una frase reciclada: “falta a principios e integridad”. El problema no es la frase. Es lo que encubre.

Porque cuando el poder despide rápido y explica lento, lo que se instala no es la verdad, es la sospecha. Y en política, la sospecha sostenida es dinamita.

Julissa Contreras no era cuota política. No era improvisada. Llegó por concurso. En teoría, parte de ese Estado meritocrático que la Cuarta Transformación presume. 

En la práctica, bastaron unos días —y una protesta incómoda— para borrarla. Ese es el punto de quiebre.

El fondo del conflicto tampoco es menor. La recicladora en San José Chiapa no surge en el vacío: proyectos similares han enfrentado rechazo social en otros Estados, como Hidalgo, donde iniciativas de este tipo han sido frenadas por la presión ciudadana y la falta de confianza en su impacto ambiental.

La protesta, entonces, no es capricho. Es antecedente. Es advertencia.

Durante años, Morena construyó su legitimidad sobre una narrativa: el derecho a disentir, la defensa del pueblo, la protesta como herramienta legítima frente al poder.

Hoy, ese mismo poder enfrenta una escena que lo contradice: una trabajadora que se manifiesta en un evento presidencial y termina fuera del sistema días después.

¿Casualidad administrativa?. Tal vez. ¿Coincidencia creíble?. Cada vez menos.

Y ahí está el verdadero daño: no en el expediente —que nadie ha mostrado— sino en el mensaje que se queda.

Porque cuando protestar y perder el empleo ocurren en la misma línea de tiempo, el ciudadano no necesita un documento para entender lo que está viendo.

El gobierno de Alejandro Armenta tiene una oportunidad sencilla: demostrar que no hubo represalia. Pero demostrarlo implica algo más que declaraciones huecas. 

Implica abrir el expediente, explicar la causa real y sostenerla con hechos. Si no lo hace, no importa lo que diga. Importa lo que parece.

Y lo que parece es esto: que en la Cuarta Transformación, el derecho a protestar sigue existiendo pero ya no es gratis.