Lenia Batres de Morena votó contra indemnizar a ejidatarios de San Salvador Atenco

La “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, de Morena, acaba de marcar un límite incómodo: el “pueblo” sí importa hasta que cuesta.

El 30 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Estado debe compensar a ejidatarios de San Salvador Atenco por las afectaciones tras declarar el Lago de Texcoco como "Área Natural Protegida". 

La mayoría entendió algo básico: si el Estado limita el uso de la tierra, debe pagar.

Lenia Batres votó en contra.

Su argumento fue técnico: no hubo expropiación, sino una “modalidad a la propiedad”. Y advirtió que indemnizar abriría un precedente fiscal “insostenible”.

Traducido: el Estado puede restringir derechos y los afectados deben absorber el costo.

Aquí es donde el discurso se estrella con la realidad. 

¿Dónde queda el “primero los pobres”?

¿En qué momento un “gobierno humanista” decide que proteger el erario está por encima de reparar a comunidades afectadas?

¿Qué significa “gobierno del y para el pueblo” cuando, en los hechos, el pueblo paga la factura?

No es un accidente. Es una definición política: cuando hay que elegir entre finanzas públicas y derechos patrimoniales de comunidades, se elige lo primero. 

Y eso desmonta la narrativa central de la Cuarta Transformación.

Atenco vuelve a ser símbolo. No solo de abusos del pasado, sino de contradicciones del presente. 

Porque aunque cambien los discursos, la lógica se repite: decisiones desde arriba, costos abajo.

La mayoría de la Corte optó por equilibrar. Batres, por contener el gasto.

Y ahí queda la pregunta incómoda para Morena: cuando dicen: “primero los pobres”, ¿también aplica cuando hay que pagarles?