Oaxaca, primer lugar nacional en violencia contra activistas en el gobierno de Morena

En Oaxaca, el discurso oficial habla de transformación y bienestar. En el territorio, la realidad se escribe con violencia, impunidad y asesinatos de quienes defienden derechos humanos.

No es consigna: es registro documentado. Durante el gobierno de Salomón Jara Cruz, de Morena, 33 personas defensoras han sido asesinadas, colocando al Estado en el primer lugar nacional en agresiones contra activistas.

El 9 de mayo de 2025, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil entregó un informe a la Embajada de Países Bajos: Oaxaca se ha vuelto un territorio hostil para quienes defienden tierra, comunidad y derechos básicos.

La violencia no es nueva. Entre 2018 y 2024 se registraron 58 asesinatos de personas defensoras, 55 de ellas indígenas. No son hechos aislados: es un patrón estructural donde la vida vale poco frente a intereses políticos y económicos.

La mayoría de los crímenes está ligada a conflictos agrarios, defensa del territorio y oposición a megaproyectos. Es decir, ocurren donde el Estado debería garantizar protección. Pero no lo hace, o su ausencia termina siendo cómplice.

El asesinato de integrantes de UCIZONI en 2025, en disputa por más de 26 mil hectáreas, y el caso de la defensora Sandra Domínguez, tras denunciar redes de violencia sexual vinculadas a funcionarios, lo confirman: en Oaxaca, denunciar no protege, expone.

Mientras tanto, el gobierno presume gobernabilidad. Habla de paz social mientras en comunidades la tierra se disputa con balas. Habla de transformación mientras no garantiza lo mínimo: vida y seguridad.

A esto se suma la estigmatización. Activistas y movimientos son señalados como obstáculos. Cuando el poder convierte a los defensores en problema, la violencia se vuelve más fácil de justificar y más difícil de castigar. 

Porque ese es el fondo: la impunidad. Cada asesinato sin consecuencias envía un mensaje claro: en Oaxaca, defender derechos puede costar la vida.

Lo que ocurre no es percepción, es una crisis de derechos humanos. Un Estado que no previene, no investiga y no sanciona.

La contradicción es brutal: mientras se presume transformación, los datos muestran retroceso.

Y hay que decirlo sin rodeos: cuando se normaliza la muerte de defensores, lo que está en crisis no es solo la seguridad, sino la legitimidad del poder.

Oaxaca no enfrenta casos aislados. Enfrenta un modelo donde la vida de quienes defienden derechos sigue siendo desechable. Y mientras eso no cambie, la transformación será solo discurso.