Registro de celulares: control de Morena sobre el pueblo

En nombre de la seguridad, el gobierno de Claudia Sheinbaum, respaldado por Morena, impulsa el registro obligatorio de líneas telefónicas. Una medida que no ataca de raíz al crimen, pero sí amplía el control sobre la población.

La lógica parece simple: identificar a todos para frenar a unos cuantos. En la práctica, se desmorona.

Los delincuentes no operan bajo reglas administrativas. No usan líneas a su nombre ni dependen de registros oficiales. Utilizan chips desechables, números virtuales y aplicaciones que escapan fácilmente a estos controles.

Quien sí queda dentro del alcance es el ciudadano común, especialmente el más vulnerable.

En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, millones enfrentan barreras reales: falta de internet, analfabetismo o ausencia de documentos actualizados. Para ellos, registrarse no es un trámite: es un obstáculo.

La ley no distingue entre quien no quiere y quien no puede cumplir. Solo establece una consecuencia: perder la línea. No por delinquir, sino por no encajar.

Ahí la medida deja de ser seguridad y se convierte en exclusión.

En lugar de fortalecer investigación e inteligencia, se opta por ampliar el control. Es una salida rápida, superficial y peligrosa.

Peligrosa porque concentra datos personales en un país donde las filtraciones son frecuentes.

Peligrosa porque normaliza la vigilancia generalizada.

Peligrosa porque castiga la desigualdad.

No es la primera vez. Intentos similares no redujeron la delincuencia y sí generaron cuestionamientos. Aun así, se repite la fórmula.

Eso revela algo de fondo: cuando el Estado no contiene al crimen, traslada el problema a la ciudadanía.

El resultado es claro: más control para quien cumple, más margen para quien delinque.

El registro obligatorio no es solo un trámite. Es una señal: el poder opta por controlar antes que resolver.

Y cuando eso ocurre, la seguridad deja de ser garantía y se convierte en argumento.

Un argumento para vigilar. Un argumento para excluir. Un argumento para normalizar el control.

Y eso, en cualquier democracia, no debería pasar desapercibido.