Morena y la reelección que antes condenaba

La madrugada del 28 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó una reserva promovida por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, que abrió la posibilidad de que integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permanezcan en funciones hasta 17 años.

La medida generó una inmediata controversia porque toca uno de los pilares discursivos que Morena ha defendido durante años: el rechazo a la reelección y a la permanencia prolongada de funcionarios en cargos públicos.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó la reforma al señalar una evidente incongruencia política. 

Durante años, el oficialismo sostuvo que la reelección favorecía privilegios, impedía la renovación institucional y fortalecía grupos de poder. 

Hoy, sin embargo, impulsa una modificación que permitiría a magistrados electorales buscar un nuevo periodo en 2028 y extender su permanencia hasta 2034.

La discusión no es menor. El Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y tiene la responsabilidad de resolver las controversias más importantes de la vida democrática del país.

Por ello, cualquier cambio relacionado con la duración de sus integrantes debe analizarse con extremo cuidado.

Los defensores de la reforma argumentan que no existe una reelección automática, ya que los magistrados tendrían que competir nuevamente para mantenerse en el cargo. 

Sin embargo, las críticas apuntan a otro aspecto: si Morena eliminó la reelección para diversos cargos de elección popular bajo el argumento de evitar la concentración de poder, resulta difícil justificar una excepción cuando se trata de magistrados electorales.

La polémica fue tan evidente que incluso surgieron cuestionamientos dentro del propio partido gobernante.

Algunas voces advirtieron que una permanencia de hasta 17 años contradice el discurso histórico de combate a los privilegios y a las élites enquistadas en las instituciones.

Más allá de los argumentos legales, el episodio exhibe un problema político de fondo: la distancia entre el discurso y los hechos. 

Porque cuando una fuerza política condena una práctica durante años y después la respalda bajo nuevas circunstancias, la discusión deja de centrarse en la ley y se traslada inevitablemente al terreno de la credibilidad.

Y en política, la credibilidad suele ser más difícil de recuperar que una votación en el Congreso.