Citlalli Hernández cobró casi 2 millones en 15 meses como Secretaria de las Mujeres

Morena llegó al poder prometiendo acabar con los privilegios de la clase política.

Durante años denunció los altos salarios de los funcionarios, criticó a la “burocracia dorada” y convirtió la austeridad republicana en una de sus principales banderas. 

Sin embargo, el paso de Citlalli Hernández por la Secretaría de las Mujeres exhibe una contradicción que el oficialismo difícilmente puede ignorar.

En apenas quince meses al frente de la dependencia, Hernández percibió cerca de dos millones de pesos netos provenientes del erario. No hay evidencia de ilegalidad en esos ingresos. 

El salario estaba autorizado y formaba parte de las percepciones establecidas para una integrante del gabinete federal. Pero la discusión de fondo nunca ha sido jurídica; es política.

La pregunta no es si Citlalli Hernández tenía derecho a cobrar ese sueldo. La pregunta es qué ocurrió con el discurso que condenaba los privilegios cuando éstos eran disfrutados por otros. 

Porque Morena construyó su identidad atacando precisamente aquello que hoy justifica cuando se trata de sus propios cuadros.

La creación de la Secretaría de las Mujeres fue presentada como un avance histórico. Sin embargo, la relevancia de una institución no se mide por el tamaño de su presupuesto ni por el salario de sus titulares, sino por los resultados que entrega a la sociedad. 

Mientras millones de mujeres continúan enfrentando violencia, discriminación laboral, brechas salariales y un acceso desigual a la justicia, el balance político de la dependencia sigue siendo motivo de debate.

La situación resulta aún más reveladora porque, tras dejar el cargo, Citlalli Hernández regresó a la estructura partidista de Morena. 

El mensaje que recibe la ciudadanía es preocupante: los cargos públicos parecen funcionar cada vez más como estaciones temporales dentro de una carrera política, mientras las promesas de transformación quedan atrapadas entre discursos, conferencias y propaganda gubernamental.

Lo verdaderamente grave no es que una funcionaria haya ganado casi dos millones de pesos en quince meses. Lo verdaderamente grave es que el partido que prometió acabar con los privilegios haya normalizado aquello que antes denunciaba con indignación.

Cuando la austeridad se convierte en una exigencia para los ciudadanos, pero deja de ser un principio incómodo para quienes gobiernan, deja de ser una convicción y se transforma en una herramienta de discurso.

Morena llegó al poder asegurando que sería distinto. Casos como éste obligan a preguntar si la transformación prometida era un cambio de sistema o simplemente un cambio de administradores.

Porque los privilegios no desaparecen cuando cambia el color del partido en el gobierno. Los privilegios siguen existiendo cuando el poder deja de cuestionarse a sí mismo.

Y quizás esa sea la mayor contradicción de todas: que quienes llegaron denunciando los excesos de la élite política hoy tengan que explicar por qué cada vez se parecen más a ella.