El pato Merlin desata polémica: ya pelean por su nombre en el IMPI

El caso del Pato Merlín no es una simple historia viral del Mundial 2026: es un choque directo entre la creación espontánea de la cultura digital y la lógica fría del registro de marcas, donde quien llega primero a la ventanilla puede intentar apropiarse de lo que no construyó.

La secuencia es clara y reveladora.

El 17 de junio de 2026, David Sides Fuentes, residente de Mérida, Yucatán, ingresó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud de registro del nombre “El Pato Merlín. El pato de la suerte”, junto con un logotipo asociado. La intención: controlar su uso con fines publicitarios e incluso políticos. 

En términos legales, no es un delito automático. En términos éticos, sí abre una zona gris evidente: la captura de un fenómeno ajeno en pleno auge.

Días después, el 22 de junio, la verdadera propietaria del ave, Karla Ivette Gómez, acudió al IMPI para iniciar su propio trámite de registro y blindar el uso del personaje que ella y su familia habían convertido en fenómeno popular desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para entonces, el pato ya no era solo un animal: era una marca social en construcción colectiva.

El 23 de junio, el caso escaló a nivel político cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente la situación y calificó el intento de registro previo como un abuso, anunciando respaldo institucional para la familia. El Estado entró al conflicto no por anticipación jurídica, sino por presión mediática.

Y ahí está el núcleo del problema.

El sistema de propiedad industrial en México funciona bajo el principio de prioridad registral: quien solicita primero, tiene ventaja. Pero ese principio choca con una realidad contemporánea más compleja: la viralidad no se registra, se construye socialmente. El Pato Merlín ya era un fenómeno antes de que alguien intentara apropiarlo en papel.

El resultado es una tensión estructural: la legalidad puede favorecer al oportunista mientras la legitimidad permanece del lado del creador. David Sides Fuentes no creó el fenómeno, pero intentó capitalizarlo jurídicamente. La familia Gómez no inició el trámite primero, pero sí generó el activo cultural.

Este tipo de casos expone una falla cada vez más frecuente: el derecho va detrás de la velocidad digital. En ese desfase, la creatividad colectiva queda vulnerable frente a actores que entienden que en la era viral no gana quien crea, sino quien registra primero.

El Pato Merlín deja de ser solo una anécdota simpática del Mundial. Se convierte en un espejo incómodo de cómo funciona hoy la economía de la atención: rápida, desordenada y fácilmente apropiable por quien domina los tiempos del trámite.

Y mientras no se cierre esa brecha entre creación y registro, estos conflictos no serán excepcionales. Serán el modelo.