IMPI y Marcelo Ebrard ebrran al rescate del pato Merlín

La historia del Pato Merlín dejó de ser una simple anécdota viral para convertirse en un caso que exhibe las debilidades del sistema de propiedad intelectual en México. 

El 26 de junio de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entregaron a Karla Ivette Gómez López la constancia que acredita el inicio del trámite para registrar la marca y el diseño tridimensional del personaje. 

Las solicitudes habían sido presentadas el 22 de junio, después de que un tercero intentara apropiarse legalmente del nombre.

El mensaje político es contundente: el Gobierno intervino cuando el caso ya había estallado en redes sociales y en los medios. Si la presión pública no hubiera existido, ¿el desenlace habría sido el mismo? Esa es la pregunta de fondo.

El conflicto revela un problema estructural. En México, la ley protege a quien presenta primero una solicitud, aunque el personaje o la creación ya sean ampliamente identificados con otra persona. 

Esa lógica abre la puerta a que oportunistas intenten convertir el trabajo o la fama ajena en un negocio propio. No se trata únicamente del Pato Merlín; mañana podría ocurrir con cualquier creador, emprendedor o artista que no registre a tiempo su marca. También conviene poner las cosas en su justa dimensión. 

La constancia entregada por el IMPI no significa que la marca ya esté registrada. Apenas inicia un procedimiento administrativo en el que la autoridad deberá determinar si existen impedimentos legales y quién tiene el mejor derecho. Presentar una solicitud no equivale a obtener el registro.

Sin embargo, el respaldo institucional sí envía una señal importante: el Estado reconoce públicamente quién ha explotado legítimamente la imagen del personaje y busca evitar que un vacío legal premie la viveza por encima de la creación.

El caso del Pato Merlín deja una lección incómoda: en México, la creatividad no basta; también hay que correr a protegerla jurídicamente antes de que alguien más intente quedarse con ella. 

Y si el gobierno solo reacciona cuando un tema se vuelve tendencia, entonces el verdadero problema no es la ley, sino la falta de prevención y de una política eficaz para defender la propiedad intelectual desde el primer momento.