La CNTE presionó y Morena pagó la factura
El 22 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los 800 millones de pesos anunciados para Oaxaca hayan sido entregados a la CNTE. Según explicó, los recursos están destinados a la educación pública mediante apoyos directos a escuelas, creación de plazas docentes, equipamiento e infraestructura. La precisión es importante, pero no resuelve la pregunta que domina el debate político.
La polémica no gira en torno a si el dinero fue depositado en una cuenta sindical. La verdadera discusión es otra: ¿por qué esta bolsa multimillonaria apareció justamente después de semanas de movilizaciones, bloqueos y presiones de la CNTE contra el gobierno federal?
Los tiempos importan. La Coordinadora mantuvo durante semanas una ofensiva política que incomodó a Morena y puso a prueba la capacidad de negociación de la administración federal. Cuando el conflicto comenzaba a cerrarse, se conoció la existencia de recursos extraordinarios para Oaxaca. Aunque el gobierno insiste en que se trata de inversión educativa, la coincidencia alimentó la percepción de que la presión tuvo recompensa.
Ahí surge una contradicción difícil de ignorar. Morena llegó al poder prometiendo acabar con las viejas prácticas de negociación política que convertían el presupuesto público en moneda de cambio para resolver conflictos. Sin embargo, cada vez que una movilización termina acompañada de anuncios presupuestales, esa promesa pierde fuerza y las dudas regresan.
Nadie cuestiona que Oaxaca necesite más inversión educativa. Las carencias son evidentes y el rezago histórico es innegable. Lo que se cuestiona es el momento. Si los recursos formaban parte de una estrategia institucional previamente definida, el gobierno debería demostrarlo con absoluta claridad. De lo contrario, la sospecha de una concesión política seguirá creciendo.
El problema para Sheinbaum no es legal ni administrativo; es de credibilidad. Porque cuando una protesta termina y aparecen 800 millones de pesos relacionados con el sector que encabezó la presión, la opinión pública difícilmente separa ambos acontecimientos.
Por eso la explicación presidencial no ha cerrado el debate. Los 800 millones pueden estar destinados a las escuelas y no a la CNTE. Pero mientras el gobierno no convenza a la ciudadanía de que su liberación no estuvo vinculada al conflicto, Morena seguirá enfrentando la misma pregunta: ¿fue una decisión educativa o el costo político de recuperar la gobernabilidad?

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