La fortuna de Gertz Manero que Morena no quiso mostrar

El 22 de junio de 2026, los mexicanos conocieron finalmente una parte del patrimonio de Alejandro Gertz Manero, el hombre que durante más de siete años ocupó uno de los cargos más poderosos del país. La revelación no llegó por una decisión voluntaria de transparencia ni por una política ejemplar de rendición de cuentas. Llegó porque su nombramiento como embajador de México en Reino Unido lo obligó a presentar una declaración patrimonial pública como integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El resultado es impactante: casas, un edificio, un terreno, vehículos de colección, dos Rolls Royce, obras de arte, joyas y bienes valuados en decenas de millones de pesos. Nada de ello prueba un delito. Pero sí plantea una pregunta incómoda: ¿por qué los ciudadanos tuvieron que esperar hasta 2026 para conocer el patrimonio de quien encabezó la Fiscalía General de la República desde 2019?

La relevancia del caso no está en la riqueza misma, sino en la opacidad. La Fiscalía fue presentada como un organismo autónomo destinado a fortalecer el Estado de derecho. Sin embargo, esa autonomía terminó funcionando también como un muro que mantuvo fuera del escrutinio público aspectos fundamentales sobre la situación patrimonial de su titular.

El asunto golpea además una de las banderas más importantes de la llamada Cuarta Transformación: la autoridad moral. Durante años, Morena construyó su legitimidad política denunciando los excesos, privilegios y fortunas de las élites del pasado. Pero mientras se exigía austeridad y congruencia desde el discurso oficial, uno de los hombres más cercanos al poder acumulaba un patrimonio que hoy provoca sorpresa incluso entre simpatizantes del movimiento.

Más delicado aún es que algunas operaciones patrimoniales reportadas ocurrieron mientras Gertz ya ejercía como fiscal general. Aunque ello no implica automáticamente una irregularidad, sí exige explicaciones claras y exhaustivas. La confianza pública no se sostiene únicamente con la legalidad; también depende de la transparencia y de la percepción de integridad.

El caso Gertz Manero exhibe una contradicción que persigue a todos los gobiernos mexicanos: la transparencia suele celebrarse como principio, pero frecuentemente se practica como obligación de última instancia. Lo que hoy se conoce debió ser materia de escrutinio desde hace años.

Porque en una democracia madura no basta con que los poderosos sean honestos. También deben demostrarlo. Y cuando la transparencia llega únicamente porque la ley ya no permite ocultar más información, deja de ser una virtud para convertirse en una evidencia de todo el tiempo que se perdió.