Morena convirtió Chapultepec en el Salón del Poder Global

Hay decisiones cuyo impacto político supera cualquier ingreso económico. La renta del Castillo de Chapultepec para una gala privada de la FIFA es una de ellas. No por el dinero recaudado, sino porque exhibe una contradicción que golpea el discurso central de la Cuarta Transformación.

Durante años, Morena construyó su legitimidad denunciando a una élite que utilizaba lo público para beneficio privado. Prometió que los bienes de la nación dejarían de servir a grupos privilegiados. Sin embargo, la imagen del Castillo de Chapultepec convertido en escenario de una cena exclusiva para invitados de la FIFA proyecta justamente aquello que el movimiento aseguró combatir.

Claudia Sheinbaum sostiene que el evento fue legal y que la FIFA pagó más de un millón de pesos por el uso del recinto. Pero la discusión no es únicamente jurídica. Muchas prácticas que Morena criticó en el pasado también eran legales. El problema siempre fue el privilegio.

El Castillo de Chapultepec no es un salón de fiestas. Es uno de los símbolos históricos más importantes del país. Por ello, la pregunta de fondo no es cuánto se cobró, sino por qué un espacio que pertenece a todos los mexicanos fue destinado a una celebración privada de una organización multimillonaria.

Si todo se realizó conforme a la normatividad, el gobierno debería transparentar contratos, autorizaciones y criterios que justificaron el uso del recinto. La transparencia tendría que ser la primera respuesta de un gobierno que afirma no tener nada que ocultar.

Pero el mayor problema para Morena es político. Los gobiernos también son juzgados por sus símbolos. Mientras millones de mexicanos escuchan discursos sobre austeridad y combate a los privilegios, uno de los monumentos más representativos de la nación fue utilizado para una ceremonia reservada a invitados distinguidos del poder deportivo internacional.

La Cuarta Transformación llegó prometiendo que los espacios públicos dejarían de ser vitrinas de las élites. Hoy enfrenta el cuestionamiento de haber hecho exactamente lo contrario. Porque el problema no es que la FIFA pudiera pagar, sino que el gobierno estuviera dispuesto a convertir un patrimonio histórico de todos en escenario de una celebración para unos cuantos.

Y cuando un movimiento que nació denunciando privilegios termina justificándolos, el problema ya no es legal: es de credibilidad.