Morena dice que no condiciona los programas sociales, pero su rentabilidad política es innegable

El 26 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los Programas para el Bienestar no son dádivas, no se condicionan y constituyen derechos universales protegidos por la Constitución. 

En el discurso, la afirmación es impecable: ningún mexicano debería verse obligado a votar por un partido para acceder a un apoyo financiado con recursos públicos.

Sin embargo, el debate no termina ahí. Una cosa es que la ley prohíba condicionar los programas sociales y otra muy distinta es negar el enorme capital político que estos generan para Morena. 

Cuando un gobierno destina más de un billón de pesos a programas que alcanzan a casi 43 millones de beneficiarios, resulta inevitable preguntarse quién cosecha el beneficio electoral de esa política pública.

Morena sostiene que los apoyos son un derecho y no un favor. Pero, al mismo tiempo, hace de esos programas el eje central de su narrativa política, los presenta como un logro exclusivo de la llamada Cuarta Transformación y advierte constantemente que la oposición podría eliminarlos.

Ese mensaje fortalece la percepción de que la continuidad de los apoyos depende de que Morena permanezca en el poder, aunque jurídicamente los programas ya tengan respaldo constitucional.

La Constitución protege los derechos sociales; no protege a ningún partido. Los programas pertenecen a los ciudadanos, no a Morena, ni a sus candidatos, ni a sus gobiernos.

Confundir una política de Estado con el patrimonio político de un movimiento es una línea que nunca debería cruzarse en una democracia.

La verdadera prueba de que los programas sociales están libres de cualquier uso político no consiste únicamente en repetir que "no se condicionan".

Consiste en garantizar que jamás sean utilizados como herramienta de propaganda, de presión o de construcción de lealtades partidistas.

Porque los apoyos sociales deben combatir la pobreza, no convertirse en el combustible de una maquinaria electoral.

Mientras Morena siga obteniendo una evidente rentabilidad política de estos programas, las dudas sobre su utilización con fines electorales seguirán presentes, aunque el discurso oficial insista en negarlo.