Romina Contreras Carrasco: del conflicto escolar a la represión en Huixquilucan

El 3 de junio de 2026, estudiantes del CONALEP Plantel 198 de Huixquilucan, Estado de México, iniciaron una protesta para exigir la destitución de la directora del plantel.

Los alumnos denunciaban medidas arbitrarias, entre ellas restricciones excesivas para el uso de sanitarios, cancelación de actividades escolares y la separación de profesores y trabajadores administrativos.

Lo que comenzó como una inconformidad estudiantil terminó convirtiéndose en un caso que hoy cuestiona la actuación de las autoridades educativas y municipales.

La protesta fue el resultado de tensiones acumuladas durante semanas.

Cuando una comunidad escolar siente que sus reclamos son ignorados, el conflicto deja de ser administrativo y se convierte en un problema institucional.

Sin embargo, lo más preocupante no fue la manifestación, sino la forma en que se respondió a ella.

En lugar de privilegiar el diálogo, la mediación o los mecanismos de supervisión educativa, se recurrió a la policía municipal.

Así, un conflicto que debía resolverse en el ámbito escolar fue tratado como un asunto de seguridad pública.

La intervención de la policía municipal de Huixquilucan, encabezada por la alcaldesa panista Romina Contreras Carrasco, escaló rápidamente a un escenario de confrontación.

Los reportes, imágenes y videos difundidos evidencian detenciones y uso de la fuerza contra estudiantes, varios de ellos menores de edad.

Aunque la versión oficial sostiene que algunos policías fueron agredidos, la proporcionalidad de la respuesta sigue siendo objeto de cuestionamiento.

El problema de fondo va más allá de lo ocurrido ese día.

Cuando la autoridad entra a una escuela bajo una lógica de contención policial, la educación corre el riesgo de convertirse en un espacio de control antes que de formación.

La fuerza puede contener momentáneamente una protesta, pero no resuelve las causas que la originaron.

Este episodio también exhibe la falta de canales eficaces para atender las demandas estudiantiles antes de que escalen.

Si las denuncias contra la dirección carecían de sustento, debieron aclararse con transparencia; si eran válidas, debieron investigarse y corregirse.

En ninguno de los dos casos la fuerza pública debía ocupar el centro de la respuesta.

Lo ocurrido en Huixquilucan es una advertencia. Cuando una protesta estudiantil termina frente a la policía, el problema ya no es únicamente escolar.

Es la evidencia de que el diálogo institucional ha fracasado y de que la autoridad ha optado por la coerción donde debió prevalecer la escucha.