Sheinbaum y la política del silencio frente a las madres buscadoras

El 23 de junio de 2026, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo que sí recibe a madres buscadoras, pero que no hace “propaganda” de esos encuentros. La frase parece prudente, pero en realidad abre una discusión de fondo: quién decide qué dolor se vuelve público y cuál se administra en silencio en un país marcado por la desaparición masiva.

El problema no es la existencia de las reuniones entre el gobierno y los colectivos. Esos encuentros ocurren, según el propio discurso oficial, a través de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. El problema es otro: el control del encuadre. Mientras ciertos temas ocupan el espacio público con total visibilidad, las reuniones con madres buscadoras se desplazan a la discreción institucional.

En México, la desaparición forzada no es un tema administrativo ni un expediente técnico. Es una crisis estructural que ha obligado a las madres buscadoras a convertirse en rastreadoras, investigadoras y, sobre todo, en el principal motor de presión pública frente a un Estado que ha respondido de forma fragmentada y tardía.

El argumento de no hacer “propaganda” introduce una equivalencia peligrosa: poner al mismo nivel la visibilización del dolor y la manipulación política. Pero en realidad ocurre lo contrario. En este país, la invisibilidad no protege a las víctimas: debilita la exigencia, diluye la presión y favorece la continuidad del problema.

La discreción puede sonar respetuosa, incluso ética. Pero en política también puede convertirse en una forma de gestión del conflicto: lo que no se muestra no desaparece, se normaliza. Y lo que se normaliza deja de incomodar al poder.

La contradicción se vuelve evidente cuando se observa la comunicación oficial: hay eventos que se difunden, se amplifican y se convierten en mensaje de Estado, mientras las reuniones con colectivos de búsqueda permanecen fuera del encuadre público. No se trata de pedir espectáculo del dolor, sino de señalar una asimetría en lo que el poder decide hacer visible.

Las madres buscadoras no exigen propaganda. Exigen verdad, presión y memoria. Reducir esa exigencia a una cuestión de “no politizar” el dolor es desconocer su naturaleza: en México, la búsqueda de desaparecidos es profundamente política porque nace del fracaso del Estado.

El punto es incómodo pero inevitable: en un país con más de cien mil desaparecidos, el silencio institucional no es neutral. Es una decisión de poder sobre qué vidas cuentan y cuáles quedan fuera del relato público.