Víctor Rodríguez Padilla: cuando la violencia toca al círculo de Sheinbaum
El caso de Víctor Rodríguez Padilla no solo exhibe una presunta agresión por violencia familiar; también pone a prueba la credibilidad de un gobierno que ha hecho de la defensa de las mujeres una de sus principales banderas políticas.
Las imágenes difundidas por su esposa, María Felicia Jiménez, son profundamente perturbadoras. Más allá de que será la justicia quien determine las responsabilidades penales, el impacto político ya es innegable.
No se trata de un funcionario cualquiera, sino de un personaje cercano a Claudia Sheinbaum, quien dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) y estaba encaminado a ocupar la Dirección General del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).
La reacción del gobierno llegó únicamente después de que los videos se hicieron públicos y provocaron indignación nacional. Solo entonces se canceló su incorporación al INEEL, se anunció apoyo para la víctima y el propio Rodríguez Padilla informó que se separaba de cualquier cargo público.
La pregunta es inevitable: ¿esa decisión se habría tomado si las imágenes nunca hubieran salido a la luz?
La lucha contra la violencia de género no puede depender de la presión en redes sociales ni del costo político de un escándalo.
Si el discurso oficial sostiene que no hay espacio para la impunidad, ese principio debe aplicarse con el mismo rigor a aliados, amigos y colaboradores cercanos del poder.
Este caso también recuerda una realidad incómoda: muchas mujeres permanecen en silencio durante años por miedo, dependencia económica o temor a enfrentar la influencia de sus agresores.
Cuando la víctima denuncia que calló por el peso político de su esposo, el Estado tiene la obligación de demostrar, con hechos y no con conferencias, que ninguna relación de poder está por encima de la ley.
Hoy la investigación está en manos de la Fiscalía y deberá desarrollarse con estricto apego al debido proceso y respetando la presunción de inocencia.
Pero en el terreno político ya existe una responsabilidad ineludible: demostrar que el combate a la violencia contra las mujeres no es un eslogan de campaña, sino un compromiso que también alcanza a quienes forman parte del círculo del poder.
Porque la verdadera prueba de un gobierno no es cómo trata a sus adversarios, sino cómo actúa cuando las acusaciones alcanzan a los suyos.

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