Detención de Macario García Merino: entre la justicia y la sospecha política

La detención de Macario García Merino, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), el 15 de mayo de 2026, vuelve a exponer la forma en que en la región triqui, lo ministerial, lo judicial y lo político operan como piezas de un mismo engranaje en un conflicto histórico que el Estado no ha logrado contener ni resolver.

La versión oficial sostiene que su captura ocurrió durante un operativo en Agua Fría Copala, donde se le atribuyeron presuntos disparos y alteración del orden público. Sin embargo, el desarrollo del caso modificó de inmediato el eje del debate.

Un día después, el 16 de mayo, la autoridad judicial le giró una orden de aprehensión por el supuesto homicidio calificado de una persona ocurrido en 2008 en Ojo de Agua Copala.

Esa secuencia —detención primero, judicialización después— ha sido interpretada por su entorno como una señal de construcción política del caso, más que como un proceso estrictamente penal.

A ello se suma un punto clave: la orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de lo Penal de los Valles Centrales de Oaxaca, fuera de la jurisdicción del lugar de los hechos, lo que abre cuestionamientos sobre la competencia territorial y el manejo del expediente.

Desde el entorno del MULTI, las acusaciones contra su dirigente se inscriben en una disputa prolongada con una organización rival, a la que atribuyen influencia política, control territorial y presencia en estructuras de poder, así como vínculos con actores políticos en distintos niveles de gobierno.

El problema de fondo no es solo jurídico, sino institucional. En la región triqui, la autoridad no es reconocida de manera unánime como árbitro del conflicto, y cada decisión judicial termina siendo leída a través del filtro de la confrontación histórica.

El gobierno de Oaxaca y la Fiscalía sostienen que se trata de investigaciones por delitos graves que deben seguir su curso legal. Sin embargo, en un contexto de desconfianza estructural, esa postura no logra despegarse del peso del conflicto político acumulado.

Tras la detención, el 21 de mayo, el MULTI respondió con bloqueos en Santiago Juxtlahuaca, la Ciudad Judicial de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación.

Si las imputaciones contra Macario García están sólidamente sustentadas, deberán demostrarse con pruebas, transparencia y pleno debido proceso.

Pero si el caso se percibe como una estrategia de criminalización dentro del conflicto triqui, el daño institucional será profundo y difícil de revertir.

En la región triqui, la justicia no es neutral en su percepción: es parte del conflicto.