Macario García Merino: la detención que exhibió al gobierno de Oaxaca

El 15 de mayo de 2026, un fuerte operativo policial detuvo en Agua Fría Copala, a Macario García Merino, máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

Ese mismo día, mientras imágenes y reportes de la captura comenzaban a circular en redes sociales, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, de Morena, declaró públicamente que no sabía nada sobre la detención.

Tres días después, el gobierno estatal finalmente fijó postura oficial.

En la conferencia mañanera del 18 de mayo, Jesús Romero López negó que existiera desaparición forzada, confirmó que García Merino estaba puesto a disposición judicial, y acusó al MULTI y al Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) de haber impulsado una acción urgente de búsqueda.

La secuencia es políticamente demoledora.

Primero, el gobernador asegura desconocer un operativo de alto impacto realizado en una de las regiones más violentas y conflictivas del estado.

Después, organizaciones indígenas y de derechos humanos denuncian públicamente una presunta desaparición forzada ante la ausencia de información clara.

Finalmente, el gobierno aparece días más tarde para intentar cerrar la crisis narrativa diciendo que “no hay tal caso”.

El problema para Oaxaca no es solamente jurídico. Es de credibilidad institucional.

Porque si el gobernador realmente no sabía sobre el operativo, entonces el nivel de descoordinación dentro del aparato estatal resulta alarmante.

Pero si sí sabía y decidió tomar distancia pública mientras el caso escalaba, entonces el problema es todavía más delicado: el cálculo político frente a una detención con alto potencial de conflicto social.

El gobierno quiso reducir todo a una simple captura judicial. Pero la región triqui nunca funciona bajo lógicas simples.

En Copala, cada operativo estatal arrastra inevitablemente dimensiones políticas, comunitarias y territoriales acumuladas durante décadas de violencia, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas.

Por eso resultó especialmente grave que el gobierno optara por desacreditar públicamente la denuncia impulsada por el CEDHAPI.

Porque el punto central nunca fue solamente si Macario García apareció después ante un juez.

La pregunta crucial era otra: 

¿qué ocurrió durante las horas posteriores a la detención?, ¿quién informó oficialmente?, ¿cuándo fueron notificados familiares y defensa?, ¿por qué la información institucional llegó solamente después de que el caso ya había escalado mediáticamente?

En un país marcado por desapariciones reales y graves violaciones de derechos humanos, las alertas tempranas no son exageraciones políticas: son mecanismos de protección.

Sin embargo, el discurso oficial intentó colocar la denuncia dentro del terreno de la manipulación narrativa.

Ahí aparece una señal preocupante: cuando un gobierno desacredita públicamente acciones urgentes de búsqueda, el mensaje implícito puede terminar siendo que denunciar posibles abusos estatales constituye un exceso político y no una exigencia legítima de derechos humanos.

La contradicción terminó siendo todavía más evidente cuando el propio Secretario de Gobierno reconoció que, por instrucciones de Salomón Jara, se abrió una mesa inmediata de diálogo con el MULTI.

Si no había dimensión política, entonces, ¿por qué activar contención política urgente?

Porque el gobierno sabe perfectamente que el conflicto triqui no puede administrarse únicamente desde expedientes judiciales.

Y también sabe que cuando un gobernador primero dice “no sé nada” y días después su administración sale a defender oficialmente el operativo, lo que queda no es certeza institucional.

Lo que queda es una profunda grieta de confianza pública.